La Faja Pirítica eleva a casi medio millar los imputados por los ERE

Casi 500 imputados en la macrocausa de los ERE frauduelentos. La juez de Instrucción número 6 de Sevilla, María Núñez Bolaños, ha recibido un nuevo atestado de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que analiza las ayudas a varias empresas mineras de la Faja Pirítica de Huelva y en la que se contabilizan más de 200 nuevos imputados, según informaron fuentes judiciales, que explicaron que una vez que la magistrada ha recibido el atestado procederá a abrir una nueva pieza separada sobre la Faja Pirítica.

En estas nuevas diligencias previas se investigará a las más de 200 personas relacionadas con las ayudas concedidas a empresas como Río Tinto, minas de Almagrera, o mina La Herrería, entre otras. En el atestado se recogen las ayudas que recibieron estas personas para prejubilaciones, en algunos casos con una edad inferior a los 52 años y que compatibilizaron la percepción de estas ayudas con otras como el desempleo. La instructora ha recibido junto al atestado de la Guardia Civil siete cajas archivadoras que contienen varios miles de documentos anexos, según indicaron las mismas fuentes.

No es la primera vez que en la causa de los ERE fraudulentos se investigan las ayudas concedidas a los mineros de la Faja Pirítica onubense, una investigación que acordó en noviembre de 2011 la juez Mercedes Alaya, cuando reclamó información a la Junta de Andalucía sobre diez empresas.

Estas ayudas fueron objeto de una investigación por parte de los peritos de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) que han auxiliado al juzgado en esta macrocausa. En diciembre de 2013, los peritos aportaron un nuevo informe a la juez en el que aseguraban que en el período 2002-2010 se concedieron ayudas por importe de 135,6 millones de euros, de los cuales la mayor parte, 128,8 millones, fueron para los ex trabajadores de empresas mineras de la Faja Pirítica de Huelva -para la financiación de las pólizas de seguro de rentas-, y otros 6,7 millones fueron para los ex trabajadores de las minas La Herrería, Río Tinto, Zarza e Insersa, también para la financiación de la póliza de seguro. En la crisis minera de la Faja Pirítica se autorizó un ERE de extinción de contratos para 966 trabajadores de los cuales 687 se acogieron al plan de prejubilaciones.

La Asociación de la Faja Pirítica de Huelva se constituyó el 30 de junio de 2003, como una entidad sin ánimo de lucro, por los representantes sindicales de la Federación de Industrias y Afines de UGT, UGT-Andalucía, CCOO-Andalucía, y la Federación Minerometalúrgica de CCOO, cuyo domicilio social se estableció en la sede del bufete de abogados sevillano Estudios Jurídicos Villasís.

La Intervención General del Estado constata que estas empresas mineras no estaban contempladas en el acuerdo marco del 11 de septiembre de 2002 que suscribieron el Gobierno central y la Junta para garantizar un plan de prejubilaciones cofinanciado por ambas administraciones para mineros incluidos en un ERE de varias empresas (Almagrera, Navan Resources, Filón Sur, Nueva Tharsis y Minas de Río Tinto).

El informe pericial constata las dos maneras de actuar en la tramitación de los expedientes por parte del Estado y de la Junta de Andalucía, y así pone de manifiesto que en el caso del Estado, que asumió compromisos por importe de 34,5 millones, hay constancia de 15 resoluciones de concesión de ayudas extraordinarias, previamente solicitadas por los representantes de los trabajadores.

En el caso del expediente tramitado por la Junta no sólo no consta que los trabajadores afectados hayan solicitado ayuda alguna, "ni individualmente ni de forma colectiva a través de sus representantes sindicales", sino que tampoco hay constancia de que la Consejería de Empleo dictara ninguna resolución de concesión de ayuda a cada uno de los trabajadores, ni individual ni colectivamente.

El Ministerio de Trabajo tramitó los expedientes de gasto, que fueron "fiscalizados" por la intervención delegada con carácter previo a la concesión de las subvenciones, y después realizó el pago de las mismas a través del Habilitado de la Subdelegación del Gobierno en Huelva.

Para los peritos, el Ministerio siguió el procedimiento "adecuado" para otorgar y pagar las ayudas, mientras que la Junta "prescindió absolutamente de procedimiento tanto para la concesión como para el pago de las ayudas".