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La FOE defiende los depósitos de residuos para la actividad económica

Vista general de los depósitos en las instalaciones del centro de residuos de Nerva.

Vista general de los depósitos en las instalaciones del centro de residuos de Nerva. / Alberto Domínguez

La Federación Onubense de Empresarios ha salido al paso del expediente sancionador a la empresa gestora del vertedero de Nerva para defender este tipo de instalaciones como pieza fundamental en el desarrollo industrial, económico y social.

El presidente de la FOE, José Luis García-Palacios Álvarez, ha afirmado en este sentido que “los depósitos de residuos industriales y de cualquier otro tipo, son absolutamente esenciales para cualquier actividad empresarial, como para cualquier actividad humana”.

En declaraciones a este periódico, García-Palacios ha defendido la necesidad de que “prime la responsabilidad” para que “se mantenga y asegure la actividad industrial en nuestra provincia, en Andalucía y en España”, teniendo en cuenta, además, que “serán siempre depósitos temporales” por la tendencia actual, cada vez mayor, “a una economía circular”.

Desde la patronal onubense se reclama la interlocución entre empresarios y administraciones ante “cualquier aspecto negativo e incluso tergiversación de la realidad por otros intereses espurios”. “No es cuestión de atender el ruido. Debemos hilar muy fino y, sobre todo, ser muy responsables social y medioambientalmente”, ha apuntado José Luis García-Palacios, “porque son absolutamente necesarias este tipo de empresas y de depósitos para la actividad humana”.

La empresa DSM, encargada de la gestión de la instalación de Nerva, es afiliada de la FOE, y en ese sentido, el presidente de los empresarios remite al comunicado de la compañía para valorar el expediente sancionador abierto por la Consejería de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul.

Las medidas emprendidas por la Administración andaluza conllevan el cierre temporal de los dos depósitos que permanecían abiertos para residuos no peligrosos, los vasos II y III, por haber superado la capacidad prevista, más una multa de 1,6 millones de euros.

DSM, sin embargo, comunicó este viernes que “se opondrá formalmente” al inicio del expediente por entender que el informe técnico en el que se basa el documento de la Junta de Andalucía fue realizado “con un método inapropiado e impreciso”, que “arroja resultados imposibles de alcanzar para un depósito de este tipo”.

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