La Fundación Cepaim afirmó ayer que, si bien "no se puede generalizar" respecto al conjunto del empresariado agrícola onubense sobre explotación laboral y sexual de las mujeres contratadas en origen para las distintas campañas agrícolas de la provincia, especialmente la de los frutos rojos, "sí existen pocos, pero suficientes, casos de irregularidades laborales, algunos de ellos muy graves, que implican indicios de acoso sexual y agresiones, poniendo en evidencia la necesidad de un mayor control y seguimiento de las contrataciones en origen, desde la selección, estancia de las mujeres y su retorno".

Es la principal conclusión a la que ha llegado dicha entidad social, que tiene ya una dilatada implantación y experiencia en Huelva en materia de gestión de la inmigración, tras realizar en los últimos días un estudio en profundidad sobre la situación de las mujeres contratadas en origen para trabajar en el campo onubense, y tras las informaciones y denuncias que se están conociendo estos días sobre dicha cuestión.

Un estudio de la fundación desvela "deficiencias aisladas" en algunas empresas

Dicho estudio ha sido realizado a través de visitas a fincas donde trabajan mujeres atendidas por dicha fundación, en las que se han comprobado sus condiciones de alojamiento y laborales. Los técnicos de Cepaim también han mantenido interlocución con encargados de empresas, así como con representantes de administraciones locales, autonómicas y estatales, sindicatos y otras entidades sociales. Igualmente han recogido testimonios directos de mujeres a las que ha prestado asistencia psicosocial, mediación, traducción y, en los casos necesarios, se ha facilitado la interposición de denuncias individuales. También han realizado el seguimiento posterior de los casos, algunos de ellos derivados a los Cuerpos de Seguridad del Estado, sindicatos, centros de la mujer y otras entidades.

La Fundación Cepaim, cuyo coordinador en Andalucía y Ceuta es Javier Pérez, considera que las mujeres contratadas en origen se encuentran en situación de "alta vulnerabilidad", y que en general existe "desconocimiento" por parte de estas de sus derechos laborales, por lo que concluye que el modelo de contratación en origen, en 2018, "no garantiza suficientemente" los derechos personales, sociales y laborales de dicho colectivo. "Se hace por tanto necesario -prosigue- adoptar medidas que impidan que vuelvan a repetirse estos hechos, que garanticen los derechos de las trabajadoras y que repercutan positivamente en el prestigio de la agricultura de Huelva".

En el estudio, Cepaim considera que en "algunas empresas" se han dado "deficiencias aisladas", algunas de ellas "muy graves", que es necesario evaluar y abordar para mejorar o erradicar. Entre ellas destacan falta de control y seguimiento de las contrataciones en origen desde la selección, llegada, estancia de las mujeres y retorno; vinculación de visados a empresas concretas; retención de pasaportes; solicitud de dinero para venir a España y, durante su estancia, para cubrir gastos de alojamiento; algunos casos de posible acoso laboral al dejarlas sin trabajar durante unos días como castigo por no recoger suficientes cajas de fruta; falta de abono mensual de nóminas o retención de importes hasta su retorno; condiciones de habitabilidad de los alojamientos no adecuadas en algunas fincas; o presencia testimonial e insuficiente de mediadores sociales en las empresas.

A ello añade que "en algunos casos" se han realizado denuncias por acoso sexual o agresión por parte del manijero de la finca, sin posibilidad de obtener datos sobre abortos en los centros de salud de los municipios donde trabajan estas mujeres, aunque sí ha detectado "unos pocos casos" de mujeres contratadas en origen que han dado a luz "sin que se les haya garantizado una adecuada alternativa residencial".

Cepaim también ha detectado "dificultades y miedo" entre las mujeres para expresar sus quejas, por desconocimiento del idioma o de los cauces establecidos para ello, así como una situación de "alta vulnerabilidad" dada la necesidad imperiosa de lograr dinero para el sustento familiar; así como por el aislamiento producido por desconocimiento del idioma y de los recursos existentes; por el aislamiento físico dada la ubicación de los alojamientos; o por el desconocimiento de sus condiciones laborales y sus derechos. Todo esto, prosigue el informe, "podría originar la aparición de casos como los identificados, con el riesgo de que estas mujeres queden en situación de indefensión para poder velar por sus derechos".

A pesar de ello, Cepaim "no tiene constancia" tras su estudio de la existencia de explotación laboral y sexual "de forma generalizada" entre el empresariado agrícola onubense, ni que haya un número especial de casos de abortos en los municipios donde trabajan las mujeres temporeras.