Cáritas ha calificado de "desamparo extremo" la situación en la que viven las personas en los asentamientos de la provincia de Huelva. Al respecto, su presidente, Manuel Bretón, ha explicado que el apoyo de la ONG a los colectivos vulnerables "se ha triplicado en los últimos meses" después de la situación "desoladora" que ha traído consigo la pandemia. 

La ONG se enfrenta a un "escenario de pobreza" que se ha intensificado en los últimos meses y, por ello, Bretón insiste en que su "quebradero es la protección de los derechos humanos de los más vulnerables, de esos descartados que se han multiplicado" por la crisis sanitaria y social generada por la pandemia. 

También ha alertado de ello el experto en derechos humanos de la ONU, Olivier de Schutter, quien pidió ayer a las autoridades de los municipios de España donde se cultiva la fresa "mejorar las deplorables condiciones" en las que viven los temporeros en los barrios aledaños donde hubo incendios que los han dejado a la intemperie. Afirmó que una acción en su favor es urgente porque se corre el riesgo de que "la gente muera". 

De Schutter, de nacionalidad alemana y que es el relator de la ONU sobre la extrema pobreza y los derechos humanos, denunció tres incendios que tuvieron lugar en la última semana en asentamientos informales de los municipios de Lepe y Lucena del Puerto. Esos incidentes destruyeron "la única opción de alojamiento para los trabajadores estacionales cuando llegan a España. Los gobiernos locales han ignorado hasta ahora a las más de 170 personas que se han quedado a la intemperie", lamentó el relator. 

Entrega de alimentos y ropa a las personas que viven en asentamientos.

De Schutter, quien cumple su mandato de forma independiente y cuyos comentarios no reflejan una posición oficial de la organización, agregó que algunos temporeros han perdido sus papeles y pertenencias, y por ello son los que están en peor situación.  De este modo, "estos incidentes ponen de manifiesto la urgente necesidad de regularizar las condiciones de trabajo de los trabajadores migrantes y, por tanto, de garantizar unas condiciones de trabajo y de vivienda decentes",  sostuvo. 

De Schutter acogió con satisfacción las investigaciones en curso del Defensor del Pueblo de España, después de los incendios de la semana pasada, por considerar que esta institución "está dando visibilidad a un problema humanitario desatendido y a una situación que necesita ser resuelta".

De otro lado, durante el día de ayer Adelante Andalucía apuntó que debe ser el Gobierno andaluz quien lidere la búsqueda de una solución al problema de los asentamientos de migrantes en la provincia. Así, en declaraciones en Lepe, la portavoz del grupo parlamentario Adelante Andalucía y responsable de Política Institucional de IU Andalucía, Inmaculada Nieto señaló que hace falta "que una administración dé un paso al frente" para "sacar de esta coyuntura penosa a los inmigrantes temporeros que se han quedado sin lo poco que tenían".

Al respecto, considera que Moreno "igual que da el primer paso para presumir de los datos y de la producción de Huelva, tiene que darlo para proteger a los trabajadores que hacen posible esas cifras de las que él presume", por lo que ha apelado a su "humanidad y piedad y a su responsabilidad".

Por su parte, la Junta de Andalucía actualmente está priorizando la atención a los inmigrantes que llegan a las costas andaluzas en caso de registrar casos positivos de Covid-19 que no requieran hospitalización, pero sí permanecer en aislamiento. El vicepresidente de la Junta y consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, Juan Marín, informó ayer de que el Gobierno andaluz está trabajando en identificar posibles espacios, tanto públicos como privados, en las provincias de Almería, Cádiz y Huelva donde puedan pasar la cuarentena y ser atendidos por las ONG como Cruz Roja, más allá del seguimiento sanitario por parte del Sistema Andaluz de Salud.

“Hay algunos espacios que ya tenemos identificados”, anunció, quien subrayó que tienen que cumplir las condiciones adecuadas como que no tengan duchas o comedor común ya que “si hay zonas comunes no estamos protegiendo a nadie”.

Entrega de alimentos, ropa y material en un asentamiento de la provincia.

En este sentido, el vicepresidente destacó que la Junta mantiene su compromiso de hacerse cargo de la atención sanitaria de los inmigrantes que llegan, como está haciendo al practicar las pruebas PCR a las 7.200 temporeras marroquíes que han trabajado en la campaña de la fresa de Huelva para garantizar el regreso a su país en condiciones de seguridad. “A partir de ahí, somos partidarios de que organizaciones como Cruz Roja puedan hacerse cargo de estas personas, como siempre lo han hecho, y para eso lógicamente hay que poner espacios y recursos a disposición de ellas mediante convenios”, subrayó.

No obstante, insistió en la necesidad de que el Gobierno de España establezca unos protocolos claros de actuación que permita retener más de 72 horas a los inmigrantes que den positivo “para que tengamos esa seguridad”. Marín recordó que la asistencia a los inmigrantes que llegan al litoral andaluz, en el que ha alabado la labor de entidades como Cruz Roja que están “en la primera línea” de esa atención, “no es cierto” que sea competencia de la comunidad autónoma. “Es Sanidad Exterior quien debería atenderlos pero como no lo hace, lo asumimos nosotros”, resaltó.

Respecto a la inmigración, una de las posibles novedades puede ser la incorporación de esta rama a la consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, situación que la consejera del ramo, Rocío Ruiz, acogería "con los brazos abiertos". Así lo indicó ayer, si bien apuntó que no sabe en qué van a consistir los cambios y que a lo largo de estos días se van a reunir para conocerlos. 

Respecto a la posibilidad de incluir Inmigración, Ruiz destacó que si se suma "bienvenida sea" y que está "deseando" trabajar en ello, destacando que "de hecho ya estamos trabajando aunque no sea competencia directamente nuestra, ya que es población vulnerable". 

En este sentido, recordó que su Consejería ha dotado de subvenciones por valor de seis millones de euros durante el año 2019 a las asociaciones que trabajan "en primera línea" con los inmigrantes y que están trabajado con Fecons en un proyecto "muy interesante" para la subvención del 0,7 de alquileres sociales para los migrantes de asentamientos "que ya sabemos que es una de las misiones que tenemos en esta consejería".