Un grupo de entre 50 y 60 inmigrantes subsaharianos de los aproximadamente 350 que la pasada semana lo perdieron todo en los dos incendios que arrasaron en Lepe dos asentamientos chabolistas –El Campú y Camino del Corchuelo- se están concentrando cada noche desde el pasado viernes en las inmediaciones de la Plaza de España y la fachada del Ayuntamiento de dicha localidad costera para reclamar una “solución habitacional” a su situación.

Alba Rudolph, de la Asociación Nuevos Ciudadanos por la Interculturalidad –Asnuci–, dice que una veintena de los afectados están incluso pernoctando en los soportales del edificio consistorial y en distintos puntos de la plaza, así como el resto lo hace en distintos espacios públicos del municipio.

Para abordar esta problemática, un equipo técnico de la Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz se reunió ayer en Lepe con diferentes entidades sociales de la localidad como Asnuci, Asisti, Cepaim, Cruz Roja y Cáritas, así como con el Ayuntamiento de la localidad, y en Lucena del Puerto con representantes municipales, sin que por el momento hayan trascendido las conclusiones de dichos encuentros.

La visita responde igualmente al “compromiso” expresado por el Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu, cuando en su última visita a Lepe, en octubre del año pasado, se comprometió a seguir recogiendo las impresiones de los diferentes colectivos implicados.

El Defensor del Pueblo en funciones, Francisco Fernández Marugán, pidió ayer a todos los agentes implicados que busquen de forma coordinada y con urgencia una solución para acabar con la “situación de degradación” en la que viven estos inmigrantes. Fernández Marugán reclamó que se garanticen sus derechos laborales y unas condiciones de habitabilidad dignas, ya que la pandemia ha puesto de manifiesto “con toda su crudeza, problemas que permanecían más o menos ignorados desde hace tiempo, haciendo saltar las costuras del sistema”.

Concentración de personas inmigrantes por los incendios en los asentamientos de Lepe.

El Defensor denunció que la mayoría de estos trabajadores carecen de un “adecuado acceso a la atención sanitaria, lo que resulta particularmente alarmante dado el riego que supone la transmisión de Covid-19, de una correcta protección y seguridad básicas en su trabajo y, además, se ven abocados a vivir en asentamientos hacinados y carentes de servicios básicos como energía eléctrica, agua e higiene”.Fernández Marugán lamentó que “ni las administraciones públicas, ni ninguno de los agentes implicados, hayan sido capaces hasta el momento de garantizar a este conjunto de trabajadores unas condiciones de vida y laborales dignas”.

El Defensor anunció que, con independencia de las investigaciones que mantiene abiertas respecto de varios asentamientos y campañas agrícolas de varias provincias, algunas de las cuales llevan años tramitándose sin haber logrado los cambios sustanciales reclamados, está realizando un análisis global de la situación de este colectivo.

“Este análisis está cimentado en la convicción de que una democracia avanzada como la española no puede permitir situaciones de degradación como la que afecta, con notable extensión y frecuencia, a este colectivo. Los derechos humanos y la dignidad de estas personas y, en estrecha unión con ello, el modelo de sociedad que nuestro país quiere ser, así lo exigen”, concluyó.

Según explicó Alba Rufolph, como consecuencia del primero de los incendios producidos en Lepe en los últimos días perdieron sus chabolas alrededor de un centenar de personas, así como a raíz del segundo otras 150, de las cuales Asnuci tiene censados con nombres, apellidos y otros datos, un total de 127 a los que busca una solución, ya que el resto “suele dispersarse” tras los incendios por “no confiar en que se les ofrezcan alternativas”.

Concentración de personas inmigrantes por los incendios en los asentamientos de Lepe.

Alba Rudolph ha indicado por otra parte que este lunes representantes de Asnuci y de otras entidades que integran la Coordinadora Solución Asentamientos, mantuvieron un encuentro con el Ayuntamiento de Lepe al objeto de buscar soluciones “para las más de 160 personas que siguen sin alojamiento tras los dos incendios”. Pero resultó “infructuoso” ya que los colectivos de inmigrantes rechazaron la propuesta municipal de “sufragar el coste de 75 plazas durante cinco días en hostales de la zona”.

Según la representante de Asnuci, no pueden aceptar una solución que “deja atrás a la mitad de las personas afectadas, provisional y solo para unos pocos”. Además, “dada la gravedad de la situación esperan que las administraciones “se pongan de acuerdo de manera urgente para una alternativa válida”. Hasta entonces, “la sentada ante el Ayuntamiento continúará, no se levantará hasta que haya soluciones reales para todos”.

La situación de estas personas es, según Asnuci, de “absoluto abandono por parte de todas las administraciones”, ya que “carecen de lo más básico como duchas o un espacio pare asearse o para recargar sus teléfonos móviles”, lo cual “les estamos intentando facilitar en la medida de nuestras posibilidades en el centro de día de nuestra asociación”.

En relación a la alimentación de estas personas, se ha creado estos días una “red solidaria” ya que les están llevando comida –sobre todo bocadillos, agua y zumos– “algunos vecinos de Lepe y distintas entidades sociales, así como entre ellos compran productos básicos y los comparten”.

Por su parte, el Ayuntamiento de Lepe ya se refirió el lunes al encuentro con los afectados y asociaciones “con el objetivo de buscar soluciones habitacionales, en un primer momento para dar respuesta mediante un alojamiento de emergencia”. El Consistorio lepero añadió que “continúa trabajando para dar respuesta a esta problemática social”; entretanto, volvió a apelar a la “responsabilidad y el compromiso de todas las administraciones competentes en materia de inmigración, con el fin de que se encuentre una solución definitiva al chabolismo y las infraviviendas en Lepe y en el resto de la provincia de Huelva”.