La Cámara de Cuentas de Andalucía ha instado a la Junta de Andalucía y al Consorcio de Transporte Metropolitano de la Costa de Huelva "a configurar las relaciones entre ambas entidades a través de un instrumento jurídico adecuado y dentro del marco normativo vigente".

Esa es, según ha informado la cámara en una nota, la primera de las "recomendaciones" con las que concluye el informe de Fiscalización financiera y de cumplimiento del Consorcio de Transporte Metropolitano de la Costa de Huelva sobre el ejercicio 2020, toda vez que ha realizado una "opinión de fiscalización financiera con salvedades", y una "opinión de cumplimiento de legalidad desfavorable debido a la "importancia de los incumplimientos".

De este modo, la entidad andaluza ha recomendado "a través de un instrumento jurídico adecuado y dentro del marco normativo vigente las relaciones entre ambas entidades", con el objeto de "ordenar y gestionar el transporte público regular de viajeros por carretera de uso general, adaptado a la atribución de competencias del Consorcio, ámbito temporal y contratos con los operadores de transporte".

Otra de las recomendaciones de la Cámara es que el Consorcio de Transporte y la administración de adscripción "deben realizar los trámites necesarios para licitar y adjudicar" las concesiones de transporte regular permanente y de uso general de viajeros por carretera del ámbito territorial del Consorcio que se encuentran vencidas, ya que "los concesionarios están operando sin título habilitante lo que supone una restricción a la competencia y el mercado, y solventar la situación actual donde la demanda no es cubierta por las concesiones, y es necesario la tramitación de mejoras de servicio".

Al respecto, la Cámara alega que el convenio de colaboración entre el Consorcio y la Junta para la gestión de servicios de transporte público regular permanente de viajeros por carretera de uso general "se encuentra vencido desde el 2 de octubre de 2020, sin que se haya regulado y configurado un nuevo instrumento jurídico por parte de ambas administraciones para la ordenación y gestión de ese servicio".

Además, la situación descrita, "que permanece a fecha de finalización de los trabajos de campo", incluye que "las dos concesiones de transporte público regular permanente de viajeros por carretera gestionadas directamente por el Consorcio, "se encuentran extinguidas por la finalización del plazo para el que fueron otorgadas", por lo que "se encuentran en situación de prórrogas en la prestación del servicio para garantizar su continuidad desde el año 2019 habiendo, por tanto, transcurrido el límite temporal de 24 meses".

Ante ello, el órgano andaluz establece que estos hechos suponen, además, "un incumplimiento" de la normativa que "limitan en un plazo de diez años los contratos de servicio público de autobús o autocar", por lo que "las concesionarias están operando sin título habilitante ya que se ha resuelto el vínculo contractual".

Además, la Cámara señala que el concesionario de transporte metropolitano ha firmado un contrato-programa con el Consorcio "sin disponer de la capacidad y competencia para la firma ya que los títulos concesionales están vencidos", toda vez que con respecto a la totalidad de los contratos-programas suscritos (urbano y metropolitano) "se contempla la duración ilimitada incumpliendo el marco legal", ya que "las concesiones de las que dependen y con las que se encuentran vinculadas tienen un plazo limitado".

Por otro lado, el informe contempla que el contrato de arrendamiento con la empresa de autobuses, por la que se alquilan parte de las instalaciones para ubicar las oficinas administrativas (sede administrativa) del consorcio en la estación de autobuses de Huelva, "incumple" la normativa del Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Andalucía, ya que en el expediente de contratación "no consta el informe favorable de la Dirección General de Patrimonio, y la Resolución por la que se ha justificado la renovación del contrato de alquiler".

Por último, la Cámara establece que se deben iniciar los trámites ante el órgano competente de la Junta de Andalucía para "proceder a equiparar los puestos de trabajo del Consorcio con los de la Junta de Andalucía con el objeto de igualar tanto el régimen jurídico como sus retribuciones".