Befesa desconoce el plan de la Junta para restringir la entrada de residuos

El anunciado plan de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía que tiene por objetivo limitar a la mitad -13.300 toneladas al año- la entrada de residuos tóxicos y peligrosos al vertedero de Nerva ha sorprendido tanto a la empresa gestora de la planta, Befesa, como a las asociaciones locales y ecologistas.

La propietaria del centro de Zarandas aún no tiene sobre la mesa el proyecto de la Junta y Ecologistas en Acción, sencillamente, "no confía en la palabra del consejero Díaz Trillo porque en lo que respecta al vertedero han sido mentiras tras mentiras", según aseguró ayer Juan Romero, portavoz de esta agrupación en la Comisión de Seguimiento de la instalación.

Sin embargo, para el alcalde de Nerva, Domingo Domínguez (PSOE), la Junta va por buen camino porque coincide con las reclamaciones del Ayuntamiento y califica el nuevo planeamiento andaluz de "positivo".

La iniciativa de Medio Ambiente se llevará al Consejo de Gobierno andaluz antes de que acabe el mes de enero. Por lo menos esa es la intención anunciada por el departamento de Díaz Trillo, que insiste en que así se recoge en el Plan de Prevención de Gestión de Residuos Peligrosos de Andalucía con horizonte 2020. Ese texto supone la actualización de un primer plan regional, válido entre 2002 y 2010, en el que en el caso del vertedero nervense se restringía la entrada anual de residuos a 27.268 toneladas.

Ahora, para llevar a cabo esta reducción, la Junta de Andalucía ha tomado como referencia el 50% de la media de los residuos que estas instalaciones ubicadas en la Cuenca Minera han recibido entre 2002 y 2004, tanto los procedentes de la Comunidad andaluza como los de fuera de nuestras fronteras, especialmente los llegados desde países como Portugal e Italia.

Ayer mismo el consejero andaluz, José Juan Díaz Trillo, criticó desde Córdoba la normativa europea sobre residuos peligrosos, a la que calificó de "demasiado liberal" y apostó porque cada región y país gestione sus desechos tóxicos "lo más cerca posible de donde se generen".

Lo que está haciendo Díaz Trillo es tomar el camino opuesto al que su departamento ha llevado hasta ahora y que llegó a su cénit con la polémica autorización dada por el Gobierno andaluz al traslado de hasta 80.000 toneladas de residuos tóxicos y peligrosos procedentes de una zona industrial de Milán, actualmente en reconversión, hasta Nerva.

Díaz Trillo se refirió al plan previsto por el Gobierno autonómico para reducir a la mitad la entrada de residuos y confirmó que el Consejo de Gobierno estudiará próximamente un plan de residuos peligrosos que contempla "de manera equilibrada" una serie de topes para que los vertidos "sean los que adecuadamente se puedan gestionar en Andalucía".

El consejero subrayó que la región "intenta trasladar un mensaje a otras comunidades y a otros países de que han de gestionar los residuos lo más cerca posible de donde se generan para cumplir así con la normativa".

Las intenciones de la Junta chocan con la normativa europea actual, que permite el traslado reglado de residuos entre los países europeos y el consiguiente tratamiento por empresas autorizadas. De hecho ha sido la misma Consejería de Medio Ambiente la que en más de una ocasión ha tirado del abecedario legal comunitario para justificar, por ejemplo, los permisos de traslado de residuos desde Italia al puerto de Sevilla y luego, por carretera, hasta el vertedero de Nerva.

Han sido estas últimas autorizaciones de entradas de residuos italianos las que provocaron las protestas vecinales, de Ecologistas en Acción e incluso de la organización Greenpeace. Esta última asociación llevó el tema a la Fiscalía de Milán de la misma forma que Izquierda Unida denunció la situación del vertedero de Nerva y las instalaciones de Palos ante la Fiscalía de Medio Ambiente de Huelva tras conocer las actas de inspección e infracción redactadas por el Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil.

La polémica ha sido llevada a la Unión Europea por Greenpeace, que ha llegado a personarse en la instalación para denunciar su situación.