La nueva PAC (Política Agrícola Común) "puede provocar una merma de más de cinco millones de euros" en la provincia de Huelva si "no se tienen en cuanto las alegaciones". Así lo ha manifestado el secretario general de Asaja-Huelva, Félix Sanz, por lo que desde la entidad han pedido a la Diputación y ayuntamientos que "se comprometan a defender la modificación de la PAC". 

En una entrevista con Europa Press, Sanz ha insistido en que "si no se tienen en cuenta" las enmiendas que todas las organizaciones agrarias y cooperativas han propuesto al Plan Estratégico de la PAC de España, "supondrá pérdidas económicas de entre el 15 y el 30%", lo que se traduce en "una merma de más de cinco millones de euros" para la provincia. 

"Por este motivo, hemos solicitado a la Diputación Provincial de Huelva y a los 80 ayuntamientos de la provincia que aprueben en sus próximos plenos un acuerdo con el que se comprometan a dar traslado y a defender ante todas las instituciones y administraciones la modificación del Plan Estratégico de la PAC de España 2023-2027", ha explicado. 

Al respecto, ha señalado que "estas pérdidas no sólo afectan a la rentabilidad de las empresas agroforestales" sino también a las zonas rurales "donde propician la fijación de la población, la conservación medioambiental y la lucha contra el cambio climático, y por supuesto, forman parte del sistema socioeconómico de estas zonas, de sus comercios y sus servicios". 

En otro orden de cosas, Sanz ha asegurado "el enorme aumento del coste de los insumos de producción, derivado de la inflación, afecta y mucho a la actividad de las empresas, que han visto mermados sus márgenes y en algunas ocasiones han causado la desaparición de las empresas. Para agricultores y ganaderos ha subido todo: salarios, fitosanitarios, agua, electricidad, combustible, piensos, etc. Una situación que  es insostenible y este aumento de costes es difícil repercutirlo". 

Ante esta situación, el secretario general de Asaja-Huelva ha remarcado que "la falta de rentabilidad puede hacer desaparecer parte del sistema productivo", lo que lleva consigo "consecuencias graves" para el abastecimiento. 

Por otro lado, sobre la diferencia del precio de los alimentos en origen con respecto al mercado, Sanz ha remarcado que es "un problema histórico" y desde hace años que están, "exigimos medidas que contribuyan a la transparencia de la cadena alimentaria". 

"El consumidor debe conocer qué parte de lo que paga se destina al productor y qué parte atañe a otros eslabones de esa cadena. No es justo que en situaciones inflacionistas como la que atravesamos se responsabilice a los productores porque simplemente no es cierto, no están percibiendo un precio justo por sus producciones y desde luego, no están viendo compensados los aumentos de los costes de producción que están padeciendo, mientras el consumidor ve aumentar día a día en los mercados los precios de los alimentos que llevan a su mesa", ha aseverado. 

Por ello, el secretario general ha asegurado que un doble etiquetado "donde se viese cuánto percibe el agricultor por el producto, sería una manera de visibilizar este problema por parte de la sociedad".