La presa de Alcolea exige transparencia y abandonar la ficción (III)
Tribuna
Juan A. Millán Jaldón, presidente de Coprehu

Quiere ahora la FNCA regular el precio del metro cúbico (m3) del agua en España? La cifra estimada por ellos es de 0,39 euros/m3 –cifra estimada sin ningún tipo de rigor– pero sin ahondar en la justificación del mismo y dándolo por bueno. En el Levante están acostumbrados a pagar 0,70 euros/m3 por agua desalada y se sigue consumiendo porque es viable desde el punto de vista empresarial. No olvidemos que el agua más cara es aquella que no se tiene. La realidad es que también hubo declaración de Ecologistas en Acción cuando se construyeron las presas del Chanza (1986) y el Andévalo (2004) anunciando elevados costes de explotación para mejorar la calidad del agua y la realidad es que el coste es CERO. El agua de riego se usa sin coste alguno y el de abastecimientos mediante costes comunes de las estaciones potabilizadoras. Ello es debido a algo que los detractores de la presa de Alcolea y Coronada no quieren decir, y es que se produce el efecto de la autodepuración natural que ocurre cuando las aguas ácidas con metales pesados en suspensión se embalsan y reciben las avenidas de agua dulce de lluvia de la Sierra, produciéndose la decantación de minerales pesados y elevando el PH hasta 7 mediante efectos fisicoquímicos y de inhibición bacteriana. Este efecto lo explica muy bien Antonio Guijarro Franco –científico que tuvo por despacho la Faja Pirítica– el cual lo experimentó en laboratorio antes de decidir la construcción de la presa de Olivargas (1982) en el río Odiel y la presa de Agrio (1979 en el río Guadiamar) –ambas presas se construyeron para obtener agua dulce de altísima calidad que hicieran posible el centrifugado de la pirita, un agua ácida hubiera imposibilitado el proceso–. También José Antonio Remesal, ingeniero de explotación del TOP, lo deja claro en su informe al EPTI de TOP y Antonio Agundez, de la Delegación de Huelva en su argumentario sobre Alcolea. Coprehu dispone de un informe de 2011 de la Universidad de Huelva donde expresa que la presa de Alcolea contribuirá a mejorar la calidad del agua y recomienda medidas activas y pasivas para reducir y eliminar los lixiviados de minas, galerías, y escombreras del pasivo minero. Pasivo que el Estado ha debido venir aplicando para evitar sanciones de la Unión Europea. En cuanto a la escala de acidez, el informe explica que se producirá incremento de ph y lo cuantifica. Ello supone a su vez que los distintos metales vayan precipitando, y que el ph sea admisible para cualquier uso, como dice Deltares. Decir que existen en la faja pirítica cuatro modelos a escala real de embalses todos con buena calidad y excelente vida piscícola que confirma la Federación Andaluza de Pesca. Evidentemente Deltares manifiesta que como en los otros cuatro ejemplos a escala real, el ph aumentará, siendo necesarios de modo adicional tratamientos correctores en minas y cortas abandonadas hasta 2027, mientras no se eliminen los lixiviados.
Muchos conservacionistas apuestan por la desalación como alternativa para dotar del recurso al Sistema Huelva, mirando para otro lado respecto el vertido ácido del río al mar. Eso significa que el río Odiel siga vertiendo su carga ácida, ya que no existe la autodepuración por almacenamiento, aumentemos la huella de carbono por el alto consumo energético destinado al proceso de osmosis y una gran cantidad de residuo del proceso (salmuera). Además, la desalación es mucho mas cara de lo que ellos dicen que cuesta el tratamiento del agua de Alcolea, que en la realidad es coste cero por la autodepuración natural que se viene mostrando como algo evidente en los embalses del Chanza, Andévalo, Olivara y Agrio.
Querido lector, en este momento me gustaría lanzarte unas preguntas: ¿Desde el punto de vista procesal, se puede justificar la inacción del Ministerio y de una empresa bajo el paraguas de este como es Acuaes, el incumplimiento de un convenio, aludiendo causas que desde el punto vista técnico, legal y formal ya se encuentran abordadas?, ¿la consecución de una infraestructura empezada la puede basar el Gobierno de España en un debate moral?, ¿el Gobierno de España puede ir por la calle de en medio aportando como solución un azud, para contentar a ambas partes?, ¿un azud lo ven loable los conservacionistas y no así una presa que genera desarrollo socio-económico? Cuando un azud provoca en términos generales la misma modificación hidromorfológica que una presa –retiene sedimentos, impide la movilidad de la ictiofauna...–
Un Ministerio de progreso no puede mirar hacia otro lado y debe velar por hacer que el Odiel sea un río que cumpla con la DMA. Al igual que se ha preocupado de realizarlo con el río Nalón, realizando una fuerte inversión en recuperación de pasivos mineros. No tenemos que pagar aquí en Huelva, la rémora franquista de un río industrial como estaba declarado el Odiel, al igual que el Nalón.
Reflexionemos el papel del Instituto Deltares, dónde queda su prestigio cuando dice haber emitido un informe con información insuficiente –en su día si era suficiente y hoy no, ¿cuál es su rigor científico?– y posteriormente emite una adenda desdiciéndose de lo anterior, conminado por la FNCA. Es un despropósito la actitud adoptada por Deltares y una deslealtad que raya en incumplimiento de contrato. La Junta de Andalucía en todo momento ha sido clara y ha solicitado una opinión experta, sin chantajes emocionales ni clases de moralidad como así ha pretendido la FNCA en su queja al informe y por eso nos encontramos en condiciones de tachar la adenda como tendenciosa, ya que no ha dejado trabajar a la institución con la independencia científica que supuestamente le ha caracterizado.
Finalmente decir que la Junta de Andalucía y su consejera Carmen Crespo a la que se señala en el artículo, lo que hace es velar por el cumplimiento de la Ley: Plan Hidrológico Nacional y el Plan Hidrológico de Cuenca Tinto, Ley 10/2018, Convenio de Regulación de 2007 y el compromiso de los poderes públicos con la recuperación, presente y futura de la provincia de Huelva, que por ecologismo mal aplicado y hechos no contrastados se le quiere privar de los 200 hm3 al año que regulara la presa de Alcolea del río Odiel.
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