Hubo un tiempo no tan lejano, a principios de 2019, cuando el Partido Popular y Ciudadanos ultimaban su acuerdo para gobernar Andalucía con la colaboración necesaria de Vox, en que se cifró en 6.000 millones de euros el coste para el erario público de lo que se dio en llamar chiringuitos políticos. Es decir, los observatorios, consejos, fundaciones, agencias y demás que, según los nuevos inquilinos de San Telmo, los socialistas habían creado a lo largo de casi cuatro décadas para colocar a militantes y otros compañeros de viaje. La consecuencia fue una administración paralela tan costosa como inútil. Tanto Juanma Moreno como Juan Marín pusieron como símbolo de esos organismos al Consejo Consultivo de Andalucía, cuya eliminación figura en el punto 7.1 del acuerdo de gobierno. Ha transcurrido apenas un año y medio y de todo aquel espíritu regenerador queda muy poco o nada. El Consultivo, que cambio su presidente próximo al PSOE por una presidenta próxima al PP, ha sido ardorosamente defendido en el Parlamento esta semana por el presidente Moreno cuando su socio Vox -no la oposición socialista- le ha recordado su compromiso de eliminarlo. Lo del Consultivo quizás fuera sólo una muestra de bisoñez de los que llegaban al Gobierno entre la sorpresa de todos, también de ellos. Algo se empezó a hacer con algunas agencias que carecían de actividad, pero lo cierto es que la mayor parte de los chiringuitos siguen donde los dejó el PSOE, pero con nuevos inquilinos. Ahí están, por ejemplo, el costoso Consejo Audiovisual de Andalucía, que nadie sabe muy bien a qué se dedica, o el politizado, carísimo e inútil Consejo de Administración de la RTVA, o las adjuntías al Defensor del Pueblo, o tantos otros que harían la lista interminable. El denominador común de todos ellos es que se han utilizado, por todos los partidos, para colocar a compañeros y amigos descolgados y asegurarles sueldos y prebendas. Tal y como si Susana Díaz y sus antecesores nunca se hubieran ido.