El recorte de las pensiones

EL Gobierno ha abierto un nuevo frente en la política de austeridad con la puesta en marcha de la reforma de las pensiones a raíz del informe elaborado por el comité de expertos. La reforma se centra en dos medidas básicas. Por un lado, se desvincula la cuantía de las pensiones de la evolución del índice de precios al consumo y se la vincula al estado de las finanzas de la Seguridad Social, de tal modo que siempre aumentarán un mínimo del 0,25% cuando los gastos del sistema superen los ingresos -es decir, cuando haya déficit en la SS- y no subirán por encima del IPC más de un 0,25% cuando las cuentas arrojen superávit. Eso quiere decir que en los años de elevada inflación los jubilados perderán poder adquisitivo a cambio de que el sistema se mantenga, eliminándose de este modo la premisa del Pacto de Toledo de que quede garantizada la remuneración real de los pensionistas. Esta medida entrará en vigor de manera inmediata, a partir de 2014, y el anteproyecto de ley remitido por el Gobierno al Consejo Económico y Social ya cuantifica en su memoria económica lo que supondrá para las arcas públicas: 33.000 millones de euros es el ahorro calculado en el periodo que va de 2014 a 2022. Tanto el PSOE, que ha calificado la reforma de expropiación de los derechos adquiridos por los perceptores de pensiones, como los sindicatos rechazan el recorte, que supondrá normalmente un empobrecimiento colectivo, en tanto que el PP, con el Ministerio de Empleo a la cabeza, estima necesario el cambio para asegurar la sostenibilidad del sistema, que ya ha dado muestras de estar en peligro a causa de la merma de las finanzas de la Seguridad Social causada por la recesión económica y de las transformaciones demográficas que han llevado al incremento notable de la población pasiva y al aumento de la esperanza de vida. Precisamente a este último factor trata de hacer frente la segunda de las medidas nucleares de la reforma que el Ejecutivo piensa ejecutar: el cálculo de las pensiones habrá de tener en cuenta también, a partir de 2019, la esperanza de vida de los españoles en el momento de jubilarse. El resultado combinado de ambas reformas será una disminución objetiva de las pensiones, frente a la cual las centrales sindicales apuestan por la otra variable posible, que es el aumento de los ingresos de la Seguridad Social, bien por la subida de las cotizaciones o por una mayor aportación a la misma de los impuestos estatales. Las dos contramedidas parecen inasumibles para la política de reformas del Gobierno, aunque deberían ser tenidas en cuenta y debatidas durante la tramitación parlamentaria de la nueva legislación. Si es pactada, mejor.