NOTAS AL MARGEN
David Fernández
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Puede una empresa operar con manifiesta ilegalidad, burlar una y otra vez sus obligaciones laborales y recibir la bendición de jueces, políticos e incluso sindicatos, pillados en un renuncio? A la empresa de las cajas amarillas hay que reconocerle su capacidad para moverse siempre por el filo: acumular litigios y sanciones y compensarlas con promesas por cumplir, todo a la luz de los focos. Y no les va mal así.
Glovo se aprovechó de la falta de regulación específica para las plataformas digitales y ha sabido también sacar partido de la lentitud de la justicia. Así lleva diez años haciendo lo que le da la gana. El modelo de falsos autónomos con el que ha operado, que a base de ahorrar costes disparó sus beneficios, parecía haber llegado a su fin con la histórica sentencia del Supremo en 2020, que la obligaba a contratar a sus riders. Pero qué va: han ido dando largas, luego aceptaron convertir a los trabajadores en asalariados pero los subcontrataron a través de otras empresas… No se sabe nunca qué conejo sacarán de la chistera. Por ejemplo, lograr que el mismísimo Salvador Illa y una alta representación de los sindicatos acudan a la celebración de su primera década de vida, hace solo un mes; y encima, usar la foto como estrategia en el juicio que en esos mismos días mantenía con otra empresa del ramo, que los había denunciado por competencia desleal. La jugada les salió redonda: el juez que firma la sentencia no solo le da la razón a Glovo, sino que elogia su forma de proceder y arremete contra la Inspección de Trabajo, el Estatuto de los Trabajadores y la “España sindicalizada”. Todas opiniones respetables, puede que frecuentes entre los jueces, aunque bochornosas en el contexto de una decisión judicial.
El caso de Glovo importa, no ya por su vertiente mediática, sino porque parece funcionar a modo de receta: cuanto más controvertido y explotador seas, más condescendencia y apoyos encontrarás. No tiene que ver solo con ese juez, ni con quienes benefician a las empresas usando el entramado a su alcance, ni con políticos como Montoro. Tiene que ver más bien con nuestra seguridad jurídica, saber si de verdad contamos con un sistema legal que protege a los trabajadores y unos sindicatos que los defienden, aunque metan la pata. Tiene que ver, en fin, con no resignarnos ante la impunidad, más allá de las sentencias ganadas o perdidas. Y algún día, pinchar el Glovo.
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