Panorama negro para García Ortiz... y Sánchez

Pocas salidas le quedan a Álvaro García Ortiz que no pasen por su dimisión como fiscal general del Estado. La confirmación del Tribunal Supremo de procesarle como pedía el magistrado instructor Ángel Hurtado, por revelación de secretos, es letal para García Ortiz. El auto le responsabiliza de filtrar los correos que se habían cruzado el abogado del novio de Ayuso con la Fiscalía, buscando un acuerdo de conformidad para cerrar así el caso de presunto delito fiscal cometido por Alberto González Amador.

Los datos sobre las negociaciones fueron publicadas por varios medios y todo apuntaba al fiscal general, que en su defensa alegó que parte de esos datos ya eran conocidos por distintos medios. Pero desde la Fiscalía General se aportaron nuevos datos, no conocidos. Por otra parte, en el caso de que el propio González Amador hubiera filtrado sus propios datos no suponía delito, pero sí que lo hiciera un fiscal, obligado al secreto profesional. García Ortiz intentó defenderse ofreciendo minutado muy preciso de las filtraciones y la publicación de datos sobre la situación de González Amador con Hacienda. Pero todo apuntaba a que él había sido el promotor de la operación con la que los socialistas intentaban atentar contra la honorabilidad de González Amador para dañar así la imagen de su pareja, la presidenta madrileña.

La situación del fiscal general se convirtió en insostenible cuando alegó que cumplía instrucciones de la Presidencia. En el auto del Supremo se recoge que no hay ninguna prueba de que García Ortiz recibiera indicaciones de Moncloa. Se queda el fiscal general solo. Ante un caso que, en cualquier democracia, habría supuesto su dimisión o el cese inmediato, por presunto delito de revelación de secretos con fines exclusivamente políticos.

La estrategia de resistencia de García Ortiz es ya insostenible. Tanto, que la asociación de fiscales más numerosa, la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales, ha pedido que dimita antes de que se fije fecha de apertura del juicio oral. La ratificación del Supremo del auto del juez instructor, hacen imposible la continuidad del fiscal general.

García Ortiz tiene muy difícil su futuro. Las acusaciones particulares piden hasta 6 años de prisión y 3 de suspensión del cargo. Por mucho que Pedro Sánchez quiera utilizar su poder para favorecerle, o indultarle, García Ortiz queda marcado ya como un fiscal acusado de grave delito. Y el presidente del Gobierno puede incurrir también en presunto delito si se empeña en justificar sus acciones para derribar la imagen política de Isabel Ayuso. Pocas salidas le quedan a García Ortiz que no pasen por su dimisión.