Vía Augusta
Alberto Grimaldi
La conversión de Pedro
Se entiende por ilegal aquella persona o aquella acción contraria a la ley. Y hoy les voy a contar unas cuantas ilegalidades.
Habitualmente, una persona en situación de irregularidad administrativa es nombrada como ilegal. Pero esta consideración ya es por sí misma una flagrante ilegalidad, puesto que España reconoce e integra en su ordenamiento la Declaración Universal de los Derechos Humanos; y allí se recoge, en su artículo 6, que “todo ser humano tiene derecho, en todas partes, al reconocimiento de su personalidad jurídica”. Sin embargo, si una persona mayor de edad comete el atrevimiento de entrar en territorio español sin ser futbolista de élite o millonario, está obligada a pasar dos años en la ilegalidad antes de poder presentar su solicitud de permiso de residencia. Esto la convierte en presa fácil de la explotación laboral o de las redes de trata. Pero hay muchísimas empresas que dan trabajo a personas indocumentadas: el menor coste económico es inversamente proporcional a la mayor disposición para aguantar los abusos de estas personas, por su mayor vulnerabilidad. La ecuación sería perfecta si no fuera porque en nuestro país no solo es ilegal contratar a ilegales, también lo es no respetar sus derechos laborales.
Durante esos dos años, las personas migrantes tienen que generar documentos que acrediten su residencia en España, como el empadronamiento. Alquilar una vivienda, ya de por sí difícil, se vuelve inviable para ellas. El problema se resuelve, cómo no, con dinero, un favor que oscila entre 150 y 500€ en Huelva... Ah, cierto, cobrar por empadronarse es ilegal también. Y logrado este requisito indispensable, la persona indocumentada tiene que acreditar que hay una empresa que se compromete a contratarla: ¿Cómo, que aquí también…? Pues les puedo asegurar que en nuestra provincia hay empresas que se ofrecen a firmar esos contratos por un módico precio, entre 3500 y 7000€.
¿Ya lo tenemos todo en orden? Un momento, falta conseguir cita en la oficina de extranjería, servicio público que la mayoría de veces está colapsado. En su desesperación por poder presentar sus papeles, las personas ilegales están pagando entre 75 y 150€ por una cita que es nominal, es decir, no vale con coger un número, hay que meter datos personales. No me pregunten cuál es el truco. Pero pregúntense cómo hemos llegado a convertir la ilegalidad en un negocio del que se está lucrando tanta gente.
También te puede interesar
Vía Augusta
Alberto Grimaldi
La conversión de Pedro
¡Oh, Fabio!
Luis Sánchez-Moliní
La nueva España flemática
El mundo de ayer
Rafael Castaño
El grano
Quizás
Mikel Lejarza
23:59:59