Fundido ibérico

EL histórico apagón del pasado lunes no sólo provocó el caos en toda España, con graves costes para la población –hay cinco muertes atribuibles al corte del suministro eléctrico– y la economía, sino que supone un bajonazo a la expectativa de atraer industria con una oferta de energía asequible, gracias a los enormes recursos renovables.

El gravísimo episodio revela, sobre todo, que la apuesta –acertada– del Gobierno por ser referentes en generación verde no ha estado acompasada por una gestión de la red que impidiese que España y Portugal quedaran fundidas: faltan inversiones para renovar y ampliar las líneas de transporte y para asegurar que el uso masivo de energías no firmes (porque dependen de la variabilidad del viento y del sol) permita mantener un milimétrico ajuste entre generación y demanda eléctrica, porque si falla –como ocurrió– no se puede evitar el blackout.

Es lo que presumiblemente pasó el lunes: una programación en la que sólo cinco de los 26 gigavatios previstos tenían inercia para estabilizar la red en caso de oscilaciones graves. Está corroborado que hubo sobretensión (470.000 voltios) y que la frecuencia superó los 50 hercios. El resultado es conocido: la generación se desconectó en cascada y toda la Península se quedó sin suministro eléctrico. Ocurrió lo que decían imposible.

En pocas palabras, el consenso de los expertos apunta a que se gestionó mal una red que necesita mejoras para dotar a la cada vez más mayoritaria generación renovable de elementos que den firmeza al sistema para reaccionar en milisegundos. De inmediato –como ya ha hecho Red Eléctrica–, aumentando en el mix las fuentes que sí proporcionan inercia. Las renovables no se deben demonizar por lo ocurrido, pero tampoco otras tecnologías que son limpias según la Comisión Europea, como la nuclear.

Pero justo eso es lo que hizo el Gobierno: denostar la energía nuclear. Eso y crear un enemigo al que atizar antes de asumir la responsabilidad propia que es exigible en este caso: los “operadores privados”. Hasta siete veces lo dijo Pedro Sánchez, centrado en fabricar un relato que haga olvidar que Redeia y su filial Red Eléctrica tienen mayoría de capital público y una gestión mediatizada por los nombramientos políticos del poder Ejecutivo. Nadie ha dimitido. ¿Ni lo hará?

Ahí encaja también el empecinamiento en mantener que pudo haber un ciberataque que Red Eléctrica ha descartado, al menos en sus sistemas. El despropósito político también se extendió al presidente de la Junta, Juanma Moreno, quien imprudentemente dijo que el apagón lo había provocado probablemente una intrusión digital. Erró.