Amnistía, sí

El Tribunal Constitucional, máximo garante de las libertades y derechos de todos los españoles según habíamos acordado todos hasta ahora, ha dicho sí a la amnistía decidida por el Gobierno del Partido Socialista y sus socios parlamentarios, es decir por la mayoría democrática del Congreso. ¿Qué han hecho los opuestos a la ley que ordena olvidar los delitos condenados asociados con el ‘procés’? Decir indignados que el que se equivoca (en el mejor de los casos) es el Alto Tribunal.

El jefe de la oposición, y máximo aspirante a sustituir a Pedro Sánchez en la presidencia del Gobierno, ha dicho sin ningún complejo que “le da igual” lo que diga un órgano de suma importancia y cuya composición, por cierto, acordó el PP con el PSOE. Ya alguno de los dirigentes populares había calificado al TC de ‘cáncer del Estado de Derecho’, y todo su entorno se ha lanzado a desprestigiarlo porque la exigua mayoría de sus componentes está adscrita al llamado ‘sector progresista’. Naturalmente, los imparciales para ellos son los magistrados del ‘sector conservador’, y por eso no descalificaban al Tribunal cuando la mayoría era de esa tendencia. Ahora, sus decisiones son calificadas de “vergüenza”.

Hay una corriente intensa que descalifica al Legislativo por sus votaciones democráticas, que descalifica al Ejecutivo por gobernar con ese apoyo mayoritario, y que ahora descalifica a una parte fundamental del Judicial porque no siempre falla contra el Gobierno. Y por supuesto, está anatemizado aquel que encuentra elementos positivos en una medida tan excepcional como es la amnistía, figura siempre polémica pero imprescindible según qué tramos de la Historia estemos hollando, y para seguir avanzando en ella.

Vayamos a la situación en Cataluña, y por ende en España, tras la promulgación de esta llamada ‘medida de gracia’: la comunidad autónoma es cada vez menos independentista, y la convivencia social se ha pacificado, y por primera vez en décadas hay un gobierno no nacionalista y que busca entenderse con el resto del país y no enfrentarse. Pero en gran parte del Estado queda un sentimiento de revancha, que para mí es incompatible con el progreso: se prefiere el castigo de unos actos ciertamente punibles, lo que conlleva que el ‘problema catalán’ continúe, antes que la reconciliación.

Como gran argumento incontestable de los opuestos sobresale el que Sánchez era contrario a la amnistía y que cambió su opinión simplemente porque le hacían falta siete votos para seguir como presidente. El TC ha contestado, con buen criterio, que no juzga las intenciones sino si la ley se ajusta a la Constitución. Así de sencillo.