Crónicas urbanas

Jordi Querol

Visar planos (I)

27 de septiembre 2009 - 01:00

CUANDO una autoridad competente examina un determinado documento, poniéndole después el visto bueno -por lo general para un uso determinado-, decimos que aquel documento está visado. Por ejemplo, los extranjeros que desean entrar en territorio español deben ir provistos del correspondiente visado, válidamente expedido y en vigor, y tener visados de tránsito, estancia o residencia.

Cuando hablamos de planos visados nos referimos a lo que ocurre en determinados colegios profesionales (arquitectos, ingenieros…). En estos, los colegiados entregan sus proyectos y, al cabo de pocos días, los recogen otra vez con su respectivo visado. En cada uno de aquellos planos y documentos, el colegio estampa un sello (tampón, etiqueta…) sobre la firma de su autor. Después, cumplido aquel requisito obligatorio, el proyecto se entrega en las oficinas municipales correspondientes para obtener la licencia de obras. En el mundo de los arquitectos, visar planos viene de muy antiguo. En nuestro país, al ser obligatorio (Ley de la Ordenación de la Edificación) la presencia de un arquitecto responsable en la mayoría de procesos edificatorios, la existencia del visado parece natural; se certifica que el autor de aquel proyecto es realmente un arquitecto colegiado, a la vez que se da el visto bueno a los documentos presentados. Los ayuntamientos, al recibir proyectos de arquitectura visados, tienen la absoluta seguridad que aquellos han sido redactados por arquitectos colegiados y que la documentación allí existente es elementalmente correcta. Así, se evitan situaciones de intrusismo. Dicho todo lo anterior, la pregunta es la siguiente: ¿Por qué, actualmente, se habla tanto del visado de los arquitectos? La respuesta es muy sencilla: la mayoría de veces el coste de este servicio resulta exagerado, ya que históricamente el precio del visado varia proporcionalmente al coste de la obra. La solución a este conflicto es muy simple. El visado tiene que continuar, pero su precio tiene que estar condicionado solamente a tres cosas: la calidad profesional del visador, el número de horas que este dedique a cada proyecto, y los gastos de empresa -en este caso el Colegio-. Este nuevo método comportaría, obviamente, soslayar de manera total el coste de ejecución de la obra que se visa.

Sin duda alguna, si mi idea se lleva a cabo, los colegios profesionales -que en la actualidad desarrollan la mayoría de sus actividades a través de los ingresos anuales procedentes de los departamentos de visado- tendrán que reestructurar su vida. No es ningún drama; en mi próximo artículo lo explicaré.

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