Funcionario privado

HABLAR de funcionario privado era, hasta el momento actual, una contradicción. Lo que delimitaba la figura del funcionario era, por definición, el de un puesto en la Administración pública, al que se accede por una oposición, que selecciona a los más valiosos de entre los candidatos, que previamente han pasado el filtro de la exigencia en sus méritos académicos y profesionales. Pues bien, vayan olvidándose de este concepto porque el Gobierno lo está empezando a suplantar en lugares ciertamente estratégicos. No me refiero a eso que en Andalucía se denomina "administración paralela" y que consiste en crear agencias, empresas públicas, gabinetes y demás estructuras, al margen del organigrama oficial, para dar cabida a amigos, familiares, simpatizantes o descolgados. No, ahora simplemente se trata de dar trabajo público a empresas privadas, y el espacio escogido, uno tan sensible como las cárceles.

Se alegó que, con el fin de ETA, había una gran cantidad de escoltas de políticos y amenazados que se quedaban en el paro y que, por "reconocimiento a su labor en la defensa de la democracia", el Estado tenía el deber moral de buscarle una salida laboral en el mundo de la seguridad, y no se les ocurrió mejor sitio que Instituciones Penitenciarias. Hay que dejar claro que muchos escoltas hacían su trabajo influenciados por el alto sueldo que cobraban, más allá de patriotismos.

¿O acaso se creen que los militares que están en Afganistán son todos unos convencidos de la necesidad de pacificar esa devastada región? ¿No será más bien por el sueldo, cercano a los tres mil euros al mes?

Lo cierto es que dudo mucho que un escolta, digamos, de Basauri, por poner un ejemplo, acabe en la cárcel de La Ribera. Evidentemente, todo es una burda excusa. Al final ya saben cómo va el negocio: concursos adjudicados a empresas con afán de lucro que acabarán asumiendo responsabilidades tales como el control de entrada de familiares a las comunicaciones, garitas o vídeovigilancia. Alguien como Vd. o como yo, que no juró la Constitución ni opositó, que se debe a un jefe que no es el presidente, con el poder de cachear o impedir el paso, en el ya de por sí humillante trago que pasan muchas madres para ver a sus hijos entre rejas.

Imagínense, es como el control de los aeropuertos, pero con el agravante de una población cautiva. Otro derecho cercenado, y sin publicidad.