LA Audiencia Provincial de Sevilla ha decretado la puesta en libertad de Samuel Benítez, uno de los dos imputados en el asesinato y desaparición de la joven Marta del Castillo que permanecía en prisión (el otro es Miguel Carcaño, asesino confeso de la muchacha). Los otros tres -el menor, el hermano de Carcaño y la novia de éste- se encuentran libres a la espera de juicio, si bien el primero permanece en situación de libertad vigilada en un piso tutelado. La Audiencia, que revoca tres autos del juez instructor negando la libertad provisional de Samuel, no ha entrado en valorar los indicios de criminalidad que pesan sobre el imputado, sino los plazos que el Código Penal establece para la prisión preventiva de los culpables de delito de encubrimiento, que es de lo que se acusa al amigo de Carcaño. La familia de Marta del Castillo ha reaccionado ante esta excarcelación con la lógica indignación. Es lo que cabe esperar después de la tragedia que está viviendo: le han arrebatado a su hija adolescente, sin que haya aparecido el cadáver para que al menos puedan concluir el duelo formal, con la evidencia reiterada de que los imputados han estado mintiendo a la Policía y el dolor que supone la puesta en libertad de casi todos ellos. Desde el punto de vista social, ya independientemente de la subjetividad herida de los padres y demás familiares de Marta, cabe preguntarse una vez más si el sistema judicial y penal español, inclinado hacia un garantismo exacerbado, sigue siendo válido ante la frecuencia de crímenes caracterizados por su extrema crueldad o con innegables componentes de maldad e insania. No es que sean muchos numéricamente, pero sí proliferan cada vez más y, en todo caso, sus víctimas merecen reparación mucho más que sus autores reinserción. A ello se une, y también lo ha habido en este caso, la sobreprotección de los menores delincuentes, a los que se concede un trato en ocasiones poco acorde con la gravedad inusitada de los delitos de los que se les acusa. No es cierto que entren y salgan de la cárcel casi a voluntad, pero la sociedad tiene motivos para preguntarse si el sistema no deja demasiados huecos para que algunos delincuentes eludan su culpa o la aplacen. Y se alarma por ello, como se alarma cuando contempla cómo un grupo de niñatos asociales y violentos es capaz de burlar una investigación policial intensa y prolongada, y de burlarse sádicamente de la familia de Marta del Castillo.

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