Análisis

Joaquín Aurioles

El poder adquisitivo de los andaluces

La renta disponible per cápita de los hogares andaluces en 2020, último dato disponible, ascendió a 12.844 euros, equivalente al 81,2% de la media de los españoles, bastante más elevado que el PIB por habitante (74,3% en ese mismo año). La renta disponible se obtiene restando de la renta bruta los impuestos pagados y añadiendo las transferencias recibidas del estado, por lo que es un buen indicador del poder adquisitivo de las familias. Estos datos indican que la capacidad de gasto de los andaluces (renta disponible) es mayor que la de producción (PIB), gracias a los efectos redistributivos de las políticas económicas y sociales. La desigualdad en renta disponible de los hogares españoles se redujo en los primeros años del siglo, pero comenzó a aumentar en 2004. Andalucía continuó aproximándose a la media española, debido al mayor arraigo de la burbuja inmobiliaria, pero las consecuencias de su estallido también fueron mayores. En 2014 se inició un nuevo periodo de reducción de diferencias que se mantuvo hasta la pandemia.

Puesto que la renta per cápita de los andaluces es una de las más bajas de España, aquí se pagan menos impuestos y se reciben más transferencias sociales. Es la forma en que el Estado del bienestar persigue el objetivo de garantizar la cobertura de unas necesidades básicas a toda la población, con independencia de su renta. Junto a Andalucía hay otras nueve comunidades en las que la renta bruta es inferior a la disponible, mientras que solo en tres, Madrid Cataluña y Baleares, ocurre lo contrario. En el resto, las dos magnitudes están bastante igualadas. Llama la atención que entre las primeras se encuentre País Vasco, uno de los mayores niveles de renta per cápita del país, pero que no solo no contribuye a la solidaridad interterritorial, sino que incluso se beneficia de los efectos redistributivos de las políticas económicas estatales. El caso de Navarra no es tan acusado, porque ambas magnitudes están prácticamente igualadas, aunque ambas son fiel reflejo de los privilegios que proporciona el régimen foral.

La renta bruta de los andaluces ha crecido un 2,8% desde 2000, mientras que la disponible lo ha hecho un 2,2%. Significa que la potencia redistributiva de las políticas económicas se ha reducido en Andalucía. Hasta 2008, con las arcas públicas repletas gracias a la burbuja, fue muy elevada (superior al 7% de la renta bruta en promedio anual), pero a raíz de la crisis, y pese al fuerte aumento de la demanda de políticas sociales, se produjo una fuerte contracción en la redistribución de rentas (1,6% entre 2009 y 2015). En los años posteriores hasta la pandemia, volvió a recuperarse, pero todavía lejos de los niveles previos a 2008.

La reducción de los beneficios de la redistribución en Andalucía se debe básicamente a que su contribución a la recaudación de impuestos entre 2000 y 2020 ha crecido más (1,1%) que su participación en las transferencias recibidas (0,2%). También contribuye que en ese mismo periodo Cataluña y Madrid hayan aumentado su participación en transferencias del estado (0,3% y 0,9%) y que la primera haya reducido su aportación a la recaudación de impuestos (también 0,3%).

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