La legislatura avanza plagada de úlceras. El Gobierno resiste con disposiciones que sólo persiguen la permanencia en el poder, aun a costa del galopante deterioro de las instituciones. Ese es el nudo gordiano de un drama político cuyo previsible desenlace no es preciso consultar a los profetas. El programado indulto a los dirigentes catalanes condenados por el procés supone una agresión al poder judicial. No por la noble figura de la medida de gracia en sí misma, sino por la perversidad que conlleva pretender subvertir la ajustada sentencia del Tribunal Supremo, desoír su implacable argumentario y el de la Fiscalía, en aras de una purulenta mayoría parlamentaria. La anunciada reforma del delito de sedición es también un instrumento de pago a las fuerzas secesionistas que apoyaron la investidura de Pedro Sánchez. La secuencia del pacto es cristalina y si llegado el día el Consejo de Ministros lo aplaza o altera es porque Bruselas exige garantías de estabilidad política antes de liberar los fondos para la recuperación. El Gobierno necesita el dinero de la UE y la ruta secesionista el dinero del Estado.

El hombre que, en octubre de 2019, en los previos a las elecciones generales del 10 de noviembre de aquel año, proclamaba su aversión a indultar a los golpistas y prometía que cumplirían "hasta el último día de prisión" ha vuelto a girar 180 grados. Decía Kant que "el sabio puede cambiar de opinión; el necio, nunca". Pero la clarividente teoría kantiana fracasa con estrépito en el caso del actual líder socialista. Si Sánchez esgrime ahora que "la venganza no es un valor constitucional", y no lo es, es para justificar el atropello del Ejecutivo a la sentencia del Alto Tribunal y nublar con cínica verborrea el desvergonzado coste de un chantaje. Los valores constitucionales que reclaman Sánchez y su atribulado ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, son precisamente los que violaron los penados y prometen volver a violar. El preso Oriol Junqueras lo expresó de forma explícita: "Que se metan los indultos por donde les quepa". ¡Vaya que sí! Todos los gobiernos de la democracia han mostrado tragaderas con los nacionalismos cuando los han necesitado. Todos engordaron a la fiera y la fiera encontró en la ambición de Sánchez el pesebre de sus aspiraciones.

La probada solidez de los pilares del Estado de derecho está hoy en peligro por la acción de un Ejecutivo sectario y desacreditado desde el primero al último de sus integrantes, muchos de ellos todavía anónimos, que disimula con tinta de calamar la perversión constitucional de su mandato. La causa del sanchismo carece de límites. Felipe González, el mayor estadista de nuestra era democrática, cuyas contadas comparecencias siguen levantando gran expectación, declaró el pasado miércoles no sentirse representado y que no se dan las condiciones para el indulto. Pero lo dijo en El Hormiguero y con hábil retórica, adornándose con frívolos anecdotarios sobre los líderes mundiales de su tiempo, en un programa de humor y ante un entrevistador vacuo y reverencial. Conocí al PSOE y a González y es difícil asimilar lo mucho que va de ayer mismo a hoy.