Vinculan al cambio climático los peores fenómenos meteorológicos extremos de la última década en España

El cambio climático ya está dejando una huella medible en los fenómenos meteorológicos extremos que golpean a España. Es la principal conclusión del informe “10 años, 10 fenómenos extremos: cómo el cambio climático golpea a España”, publicado por Greenpeace a partir de un estudio elaborado por investigadores del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y presentado en el ecuador de la COP30, que se celebra en Belém (Brasil).

El trabajo analiza diez de los episodios más destructivos registrados entre 2015 y 2025 —tres olas de calor, tres sequías repentinas, dos grandes episodios de incendios, una ola de frío y una DANA— y concluye que en todos ellos la influencia del calentamiento global es ya “detectable y cuantificable”. El balance es demoledor: alrededor de 5.000 personas fallecidas, unas 370.000 afectadas y más de 23.000 millones de euros en daños económicos, una cifra que el propio informe considera conservadora.

Diez eventos extremos bajo la lupa de la “atribución climática”

El análisis ha sido desarrollado por investigadores de la Plataforma Temática Interdisciplinar para el clima y los servicios climáticos (PTI-CLIMA) del CSIC, utilizando métodos de atribución de eventos extremos. Estos modelos comparan cómo se produjeron realmente esos episodios con cómo habrían ocurrido en un mundo sin calentamiento global o con un calentamiento menor.

Una de las constataciones más preocupantes es temporal: la mayoría de los eventos más intensos se concentran en los últimos cinco años, lo que refuerza la tendencia descrita por la comunidad científica hacia la aceleración del cambio climático y la intensificación de los fenómenos extremos.

El informe también subraya que muchos de estos eventos no actúan de forma aislada, sino encadenada: olas de calor que agravan sequías y disparan el riesgo de incendios, o lluvias torrenciales tras periodos de sequedad extrema que multiplican la erosión y el peligro de inundaciones. Esta interacción de extremos compuestos, advierte Greenpeace, es precisamente una de las señales de alerta que el IPCC viene destacando para la región mediterránea.

Más calor, más sequía, más incendios y lluvias más violentas

En el caso de las olas de calor de 2022, 2023 y 2025, los investigadores estiman que las temperaturas medias fueron entre 1,3 y 2,2 ºC superiores a las que se habrían registrado en un clima sin calentamiento global. Ese incremento ha supuesto duplicar o triplicar el territorio afectado por calor extremo.

Las sequías repentinas de 2022 y 2023, que alcanzaron hasta un tercio del territorio nacional, presentaron déficits hídricos entre un 20 % y un 25 % mayores que en el pasado y un 25 % más de superficie afectada, según el análisis.

En cuanto a los incendios forestales, los episodios de 2022 y 2025 situaron a una cuarta parte adicional del país en situación de riesgo crítico, asociados a condiciones de calor y sequedad extremas. El riesgo meteorológico de incendios se habría incrementado más de un 15-20 % debido al cambio climático.

La DANA de octubre de 2024 también aparece marcada por la huella del calentamiento global: su intensidad aumentó hasta un 20 %, y el área con precipitación muy intensa creció un 10 % en comparación con un periodo preindustrial, es decir, con un clima sin el nivel actual de calentamiento.

Una factura humana y económica al alza

Más allá de los datos físicos, el informe pone el foco en el impacto social y económico de estos fenómenos extremos. Sumando los diez eventos analizados, Greenpeace estima que cerca de 5.000 personas perdieron la vida y alrededor de 370.000 resultaron afectadas.

La organización cifra los daños económicos en 23.000 millones de euros, teniendo en cuenta estadísticas oficiales y datos del sector asegurador. Sin embargo, advierte de que se trata de una estimación a la baja, ya que no incorpora los bienes no asegurados ni muchos efectos indirectos, como las pérdidas ecosistémicas o determinados impactos sobre la salud, las infraestructuras o la actividad económica.

Llamamiento en la COP30: triplicar el ritmo de reducción de emisiones

“Tras el impacto de la DANA el año pasado, 2025 ha estado marcado en España por intensas olas de calor y el peor episodio de incendios de los últimos 30 años. Este informe nos vuelve a recordar que la huella del cambio climático será cada vez más destructiva si no actuamos”, señala Pedro Zorrilla Miras, responsable de Cambio Climático y delegado de Greenpeace España y Portugal en la COP30. La organización reclama al Gobierno español que asuma un mayor liderazgo en la cumbre y reduzca sus emisiones “tres veces más rápido” para evitar los peores escenarios y salvar vidas.

Greenpeace recuerda que, con los compromisos actuales, el planeta se dirige hacia un calentamiento de entre 2,3 y 2,5 ºC, muy por encima del límite de 1,5 ºC recogido en el Acuerdo de París. Para corregir la trayectoria, la organización exige acelerar la salida de los combustibles fósiles, reforzar las políticas de eficiencia y renovables y aplicar una fiscalidad climática justa que grave a la industria fósil, a los grandes contaminadores y a los ultrarricos para financiar la transición y las políticas de adaptación.

Adaptación climática y Pacto de Estado ante una crisis ecosocial

El informe incide también en la necesidad de reforzar las políticas de adaptación ante unos eventos extremos cada vez más frecuentes e intensos. “No podemos esperar a que el número de víctimas y los daños de la crisis climática sigan aumentando para actuar”, advierte Elvira Jiménez Navarro, responsable de adaptación al cambio climático de Greenpeace España. La ONG reclama medidas transversales, locales y participadas, que protejan especialmente a la población más vulnerable, reduzcan la exposición al riesgo de personas y servicios esenciales y aprovechen la biodiversidad como aliada para construir territorios más resilientes y habitables.

En este contexto, Greenpeace considera urgente que el Pacto de Estado ante la emergencia climática, actualmente en proceso, vaya más allá de la respuesta a la emergencia inmediata y aborde la dimensión ecosocial de la crisis. La organización pide que este acuerdo de país reconozca que el cambio climático es consecuencia de un modelo de producción que agota los recursos y que, por tanto, debe proteger la naturaleza y la salud al margen de ideologías o ciclos electorales, guiándose por la mejor ciencia disponible y por los conocimientos y propuestas de la ciudadanía, mediante mecanismos reales de democracia participativa.

El mensaje que llega desde Belém es claro: España ya está en primera línea de la crisis climática. Lo que se decida en esta década —en foros internacionales, pero también en las políticas nacionales y locales— determinará la intensidad de los próximos fenómenos extremos y el coste, humano y económico, que el país tendrá que asumir.