Vox reitera su oposición a las Zonas de Bajas Emisiones en Huelva “por limitar la libertad de circulación y perjudicar los onubenses más vulnerables”
Insisten en que la partida de más de 600.000 euros para las cámaras que se instalarán en la capital "debería destinarse al arreglo y asfaltado de carreteras o a cámaras de seguridad ciudadana"
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El Grupo Municipal Vox en Ayuntamiento de la capital ha vuelto a mostrar esta martes su oposición a la implantación de Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) en la ciudad y ha anunciado el registro de una moción para el próximo Pleno, en la que exige al equipo de Gobierno que se cumpla la moratoria de un año, a partir de la entrada en servicio de las ZBE prevista para enero de 2026, para imponer cualquier tipo de procedimiento sancionador.
El anuncio llega después de que la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de la capital haya aprobado recientemente la adjudicación a TEVA del suministro e implantación en Huelva y según las previsiones del equipo de Gobierno, los trabajos comenzarán en mayo y deben estar acabados antes de final de año para que entre en servicio a principios de 2026.
Para el Grupo Municipal Vox, “la inversión de más de 600.000 euros para el suministro e instalación de cámaras de lectura de matrículas, que se instalarán en los 17 puntos de Control de Tránsito contemplados, se debería destinar al arreglo de carreteras o a cámaras de seguridad ciudadana, en lugar de usarse para sancionar a los onubenses”.
Así, tal y como ha recordado en rueda de prensa el portavoz municipal, Wenceslao Font, “gracias a una enmienda nuestra, en los presupuestos de este año ya se destina una partida para un estudio sobre el desarrollo de dicha moratoria de un año”, al tiempo que también ha anunciado que “vamos a instar al equipo de Gobierno a que se realice un estudio en el que se concrete el impacto que tendrá la ZBE sobre el tráfico en las calles más próximas a las áreas restringidas, así como la incidencia económica de la medida sobre la actividad comercial y la economía de los onubenses”.
El concejal ha recordado que este tipo de restricciones “limitan un derecho fundamental de los ciudadanos, como es la libertad de circulación, al tiempo que generan desigualdad y perjudican a las pequeñas y medianas empresas que se encuentran situadas en el centro de la ciudad”.
Además, ha vuelto a mostrar su preocupación por la ampliación de las ZBE a calles del centro actualmente abiertas al tráfico y entre las que se encuentran algunas que son “fundamentales para la comunicación”, como las calles de Palos de la Frontera, Fernando el Católico y Padre Marchena, incluidas en la Zona A, y que “forman entre las tres una vía fundamental para la vertebración de dos zonas tan importantes de nuestra ciudad como son la Barriada de San Sebastián y la calle Pablo Rada con la Plaza del Punto y la avenida de Italia y la Alameda Sundheim”.
Como ejemplo reciente de las "consecuencias negativas" de la aplicación de las ZBE, Wenceslao Font se ha referido el caso de Francia, que acaba de aprobar su eliminación por perjudicar especialmente a las rentas más bajas. Así, aunque las ZBE se implantan inicialmente a título informativo, “lo cierto y verdad es que, tras ese periodo de prueba, se comienza a sancionar y además tenemos la incertidumbre de que en el futuro se puedan ampliar las áreas restringidas”.
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