Más de 150 juristas especializados en terrorismo machista han participado en la jornada Violencia sobre la mujer: aspectos jurídicos desde una visión integral, que se ha desarrollado en el Colegio de Abogados de Huelva bajo la coordinación del titular del Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Huelva, el magistrado Ricardo Ruiz.

Organizada por la Consejería de Justicia e Interior de la Junta de Andalucía con la colaboración del Colegio de Abogados, esta cita ha tenido como objetivo servir de foro de debate y formación para letrados principalmente, pero también para fiscales, secretarios judiciales y jueces. La directora general de Violencia de Género, María Ángeles Sepúlveda, ha destacado la ampliación de conocimientos en la materia como una de las claves para adquirir “concienciación, que no sensibilización, sobre esta lacra social”.

Para Sepúlveda, la violencia machista no es un problema “privado ni de las mujeres, sino de toda la sociedad” y aboga por “centrarnos en la víctima” para combatirlo. Durante la inauguración de la jornada, ha subrayado que en la última actualización de le Ley de Violencia de Género de Andalucía, ya aprobada y a la que ha calificado como “novedosa y pionera”, se incluyen como víctimas a los hijos de las maltratadas, a todas las personas dependientes de ellas y también a los niños asesinados por los maltratadores.

Es el caso, ha subrayado, de los pequeños onubenses Ruth y José, asesinados por José Bretón: “Su madre, Ruth Ortiz, no era víctima de violencia de género hasta ahora, ya la ley contempla esta violencia vicaria”.

La nueva ley impulsa la investigación y la formación, fomenta el apoyo y el acompañamiento a la víctima desde antes de que formalice la denuncia e incluye como violencia machista “la agresión sexual, la mutilación genital, con más de 1.500 niñas en Andalucía en riesgo de sufrirla, el acoso o la trata y la explotación sexual”, ha puntualizado Sepúlveda. Ha anunciado además que se creará en la próxima legislatura “una ventanilla única de la violencia de género, con un expediente unificado que mejore la coordinación y la eficacia de los profesionales”.

El vicedecano del Colegio de Abogados, Fernando Vergel, ha destacado el llamativo incremento de la carga de trabajo del turno de oficio de violencia sobre la mujer de Huelva, “donde los letrados prestaron 888 asistencias en 2017, mientras que en lo que va de año ya llevamos 1.017 y todavía no ha terminado”. Son 129 más. A su juicio, la solución al terrorismo machista “no está en nosotros, sino en la base de la educación primaria”.

La primera mesa redonda de la jornada ha contado con Ricardo Ruiz como coordinador y con el letrado Ramiro Guinea, la fiscal de Violencia Jessica Sotelo y la titular del Juzgado de lo Penal 3 de Huelva (especialista en violencia machista), Estela San José. La magistrada ha subrayado que desde el primer momento “el acento no hay que ponerlo en el maltratador, sino en la víctima, con la que no nos podemos quedar solo en la superficie”. En este sentido, ha instado a los abogados a ir más allá y a “escuchar a las mujeres porque a menudo la Fiscalía no tiene toda la información para pedir una orden de protección”.

Además, San José anima a los juristas a optar por las diligencias previas en vez de por un juicio rápido, de modo que “la mujer se vaya empoderando cuando sea entrevistada por los forenses, por el SAVA o el IAM; por diligencias urgentes viene más débil”. La magistrada ha evidenciado que “no se deben presentar pruebas sorpresivas propias de la instrucción en el juicio oral” y ha lamentado que “las leyes de violencia de género no tengan recursos ni medios”.

La titular del Penal 3 considera que “no se pueden tratar estos asuntos como un robo con fuerza en casa habitada o como un accidente de tráfico, porque cuando a la víctima le pasa algo, el acento no se pone en el fiscal ni en el abogado, sino en los jueces”. En paralelo, ha empujado a la abogacía a solicitar indemnizaciones no solo por los daños, sino también por las amenazas o coacciones, y a solicitar entrevistas con los hijos de las perjudicadas porque sus testimonios “son esenciales; debéis pedir el rendimiento escolar, declaraciones de los profesores, dibujos del niño..., que pueden decir mucho sin contar nada”.

Ramiro Guinea, por su parte, ha alentado a sus colegas a “seguir colapsando el Juzgado de Violencia sobre la Mujer” para obtener la mayor protección para las perjudicadas. El letrado entiende que “tenemos que usar más la cámara de Gesell (habitación que permite la observación desde el exterior) que tenemos en la quinta planta del Palacio de Justicia, en la que jueces, fiscales y abogados podemos preguntar al menor a través de un psicólogo y se establece como prueba preconstituida”.