Los sindicatos se niegan a cambiar la hoja de ruta para Astilleros

"La Junta qué está dando a entender, ¿que va a cerrar los astilleros? Si es así, que lo diga". UGT y CCOO expresaron ayer a través de los secretarios generales del sector del metal el sentimiento de "engaño" que tienen los trabajadores de los astilleros de Huelva y Sevilla, después de que la Administración esté preparando una nueva hoja de ruta para las atarazanas. Ya hay una, recuerdan, y "no estamos dispuestos a negociar una distinta", aseveraban ayer tanto Manuel Jiménez, máximo representante andaluz del Metal, Construcción y Afines de UGT, como el secretario general de la Federación Minerometalúrgica de CCOO-A, Enrique Jiménez. La solución para los sindicatos pasa por garantizar los sueldos de los trabajadores y buscar financiación para finalizar los barcos pendientes. En caso contrario, "no queda más remedio que la movilización", agregaba el líder andaluz de Comisiones Obreras, Francisco Carbonero.

Las centrales sindicales salieron descontentas de la reunión mantenida el pasado viernes con los representantes de la Administración. A pesar de que en encuentros anteriores se habrían estado debatiendo las posibles alternativas a la hoja de ruta existente (desde resolver el convenio hasta modificarlo partiendo del esfuerzo y asunción de costes y por todas las partes), los representantes sindicales aseguraron ayer que "a nosotros no se nos ha planteado ninguna alternativa, lo único que nos aseguran es que ahora se ha visto que el agujero era mayor del esperado". Un agujero que pasaría por 300 millones de euros de déficit patrimonial real, 300 de reclamaciones y 170 (menos según fuentes sindicales) necesarios para reactivar la carga de trabajo paralizada. "Que hubiesen estudiado mejor el caso", alegaba ayer Manuel Jiménez, pero "hay que cumplir con Huelva y Sevilla".

Los objetivos finales continúan siendo compartidos, explicó el otro Jiménez: mantener la construcción de grandes buques en Sevilla y la instalación de nuevas actividades productivas en Huelva para absorber el empleo procedente de la naval después del cese de la construcción de barcos en la factoría onubense (por una cesión de la licencia de actividad que ya se está tramitando). Y para los trabajadores la consecución de esos fines supone ir seguir con los pasos marcados inicialmente: el cumplimiento de las condiciones marcadas en los expedientes de regulación temporal de empleo que se están ejecutando (es decir, el cobro en plazo y de la totalidad de los sueldos), la búsqueda de financiación y reactivación de obra en curso y la llegada de nuevos inversores, en Sevilla para garantizar "el mejor astillero de su segmento en Europa" y, en Huelva, para lograr la diversificación industrial. Para este último capítulo se habría negociado con los grupos Boluda y Gallardo, pero tampoco sobre esto tienen noticias los representantes de los trabajadores. Frente a ello, la Junta de Andalucía "intenta que cambiemos de posición".

Una modificación de postura que relacionan con los cambios que se han producido en el Gobierno andaluz, con nuevos consejeros de Empleo y Economía e Innovación. Y ante la que advierten que de no cumplirse con los parámetros básicos, sueldos y carga de trabajo, no se podrá garantizar la tranquilidad social. El expediente de Huelva finaliza en junio y el de Sevilla se revisa en cinco meses y las centrales sindicales aseguran que no permitirán su continuidad si la Administración no cumple el compromiso adquirido.

Este compromiso va, según los sindicatos, más allá de lo que admite la Junta de Andalucía. Las centrales recuerdan que las administraciones autonómica y central aprobaron la venta de la factoría hispalense a Astilleros de Huelva en el momento de la privatización de IZAR y los administradores únicos han sido impuestos por la Consejería de Innovación. "En el momento en que la Junta asume el papel de gestor de los astilleros los responsables ya no son los propietarios. Ellos tendrán su responsabilidad penal", aseveraba ayer Manuel Jiménez, pidiendo también que "los consejeros y el presidente de la Junta se aclaren y nos digan qué vamos a hacer con los astilleros".

Las centrales quedan a la espera de la respuesta autonómica a sus reivindicaciones, en próximas reuniones con la Administración. Mientras tanto, la Administración asegura estar trabajando aún en la posible solución alternativa a la inicialmente planteada para los astilleros. Quinientos trabajadores quedan pendientes de ella.