Atrás quedó la unidad que los grupos políticos de la Diputación Provincial de Huelva plasmaron en la declaración institucional de apoyo a Astilleros suscrita en septiembre de 2009. Ayer, el equipo de Gobierno del PSOE y los partidos de la oposición, PP e IU, presentaron sendas mociones, reflejo de las divergencias que han surgido según ha evolucionado el conflicto de la naval y se han producido intentos de solución.

La situación de Astilleros copó el Pleno del organismo provincial al que asistió un grupo de trabajadores que interrumpieron en varias ocasiones el debate que estaban protagonizando los diputados, lo que motivó la reprimenda de la presidenta de la Diputación, Petronila Guerrero.

De las tres mociones que se votaron tan sólo salió adelante la del PSOE, que incluye una nueva hoja de ruta, mientras que las de populares y coaligados fueron rechazadas por la mayoría socialista. El debate fue un auténtico campo de batalla político: el PP aprovechó incluso otras iniciativas para abordar el tema de la naval onubense y llegó a pedir el respaldo económico de Cajasol para garantizar la viabilidad del astillero. Fue un cruce de acusaciones entre los portavoces de los grupos de la Cámara sobre la conveniencia o no de presentar una nueva hoja de ruta y el futuro que le espera a la naviera.

De poco sirvieron las palabras tranquilizadoras y la llamada al consenso del portavoz socialista, Manuel Guerra, quien aseguró que la moción de apoyo a los trabajadores se había presentado porque la Diputación sigue con preocupación el conflicto de esta empresa. Tampoco que esgrimiera que la Junta de Andalucía no es la responsable de la situación que se ha creado, aunque "se siente responsable para buscar una salida".

Cada uno de éstos y otros argumentos fueron rebatidos por la oposición a pesar de que Guerra reiteró la necesidad de transmitir confianza a los trabajadores y que la Administración regional está dando los pasos oportunos que "permitirán garantizar el empleo y llegar a una solución razonable". Finalmente, Guerra recriminó a la oposición que asistiera al Pleno "no con la intención de buscar el consenso y apoyar a los trabajadores sino para atacar al PSOE y a la Junta de Andalucía" y al mismo tiempo intentar obtener "réditos electorales".

El portavoz del PP, Jesús Toronjo, solicitó a la Administración que cumpla la hoja de ruta aprobada que "debía servir para salvar la empresa", al tiempo que reprochó al PSOE que hubiera cambiado su discurso tras conocer que la deuda es superior a la inicial.

Según Toronjo, las estrategias del PSOE no son más que "un engaño" para los trabajadores y tienen como única finalidad el cierre de la factoría. En su opinión, se trata de una "operación perfectamente orquestada" desde el momento en que se aprobó la hoja de ruta con el nombramiento de un administrador único y la cesión de licencia de construcción de grandes buques. El resultado se traduce en el pago de salarios pendientes y la falta de carga de trabajo y garantías de futuro.

En términos similares se pronunció el portavoz de IU, Rafael Sánchez, quien aseguró que el PSOE ha perdido la credibilidad y que la paciencia de los trabajadores ha finalizado. En su intervención, el portavoz izquierdista demandó el apoyo al sector naval, apoyo que no debe llegar con "acuerdos y propuestas vacías de contenidos, sino que los dirigentes realicen acciones concretas, como el pago de los salarios atrasados".

Francisco Zamudio, portavoz del PA, lamentó al falta de unidad política en torno al conflicto y la continúa confrontación.

Los trabajadores abandonaron el salón de plenos tras la votación de la moción socialista profiriendo gritos contra los políticos y bajo la consigna de "Astilleros no se cierra". En la calle les esperaban sus compañeros.

Por otro lado, la moción presentada por el PSOE sobre el pacto por la recuperación económica y la creación de empleo fue aprobada. En cambio, fue rechazada la presentada por IU sobre la Ley de Inclusión de Andalucía, así como la relativa a la creación de un plan para la empleabilidad de las mujeres y al replanteamiento de las medidas económicas del Plan 2000E, ambas propuestas por el PP.