El sector pesquero onubense se moviliza contra la nueva normativa europea de control de la pesca

La costa de Huelva vivió este lunes una jornada marcada por la protesta del sector pesquero ante la entrada en vigor del nuevo Reglamento Europeo de Control de la Pesca (UE 2023/2842), una normativa que armadores y tripulaciones consideran inasumible para la flota artesanal y de bajura y que, según advierten, amenaza con acelerar el amarre definitivo de numerosos barcos.

En Isla Cristina, el puerto pesquero —uno de los más importantes de Andalucía— fue el principal epicentro de la movilización en la provincia. Desde primera hora de la tarde, armadores y marineros se concentraron en el muelle con sus embarcaciones amarradas para expresar su rechazo a un reglamento que, denuncian, no se adapta a la realidad diaria del trabajo en la mar. La obligación de comunicar la entrada en puerto con cuatro horas de antelación y de declarar con exactitud el peso de las capturas desde el primer kilo centró buena parte de las críticas.

El presidente de la Asociación de Armadores de Isla Cristina, Francisco Faneca, fue especialmente contundente al señalar que “no podemos vivir con ese reglamento, es imposible poder trabajar”, insistiendo en que el sector no reclama privilegios, sino poder desarrollar su actividad con normalidad. “Lo único que queremos es trabajar; que nos arreglen el reglamento y nos tengan en cuenta, porque si no la flota se va a amarrar, poco a poco, una detrás de otra”, advirtió.

Faneca explicó que el carácter dinámico de la pesca de bajura hace inviable cumplir con las exigencias técnicas del reglamento. “Un barco se está moviendo constantemente y el peso nunca es exacto. Es imposible saber si una especie pesa un kilo, medio kilo o tres”, afirmó, alertando de que el nuevo sistema expone a los profesionales a sanciones continuas por cuestiones imposibles de controlar en el mar. A su juicio, la normativa empuja al sector a una situación límite, agravada por la falta de relevo generacional y el aumento de los costes de explotación.

En Ayamonte, los pescadores se concentraron por la tarde en el muelle pesquero de Punta del Moral, en una movilización que coincidió en el tiempo con la reunión de los representantes del sector con la secretaria general de Pesca, Isabel Artime, en Madrid. Desde el puerto ayamontino, armadores y tripulaciones denunciaron que el reglamento europeo impone “cargas administrativas desproporcionadas y rígidas”, como la declaración individualizada de capturas o el preaviso de entrada en puerto con varias horas de antelación, medidas que, aseguran, generan inseguridad operativa y ponen en riesgo la viabilidad económica de numerosas embarcaciones.

Los profesionales del mar reclamaron desde Ayamonte un diálogo real con las administraciones y una adaptación de la normativa a las características de la pesca tradicional, subrayando que muchos caladeros se encuentran a apenas una o dos horas del puerto. “Si tenemos que avisar con cuatro horas de antelación, ¿qué hacemos cuando todavía estamos faenando o no tenemos capturas?”, se preguntaban, incidiendo en la desconexión entre la regulación europea y la práctica diaria de la flota de bajura

En Punta Umbría, por su parte, quedaron suspendidas tanto la parada simbólica prevista a mediodía en el Ayuntamiento como la concentración anunciada por la tarde en el puerto pesquero. La desconvocatoria respondió al luto oficial decretado en toda España tras el trágico accidente ferroviario ocurrido el domingo en Adamuz (Córdoba). El Consistorio puntaumbrieño había anunciado previamente su apoyo institucional al sector, pero optó por cancelar cualquier acto público en señal de respeto y solidaridad con las víctimas y sus familias.

Desde el ámbito institucional, el Ayuntamiento de Isla Cristina expresó públicamente su respaldo a las reivindicaciones del sector pesquero, pese a no participar de forma activa en la concentración debido también al luto nacional. El Consistorio consideró justa la decisión de no salir a faenar, señalando que a las restricciones en las capturas y a los bajos precios en lonja se suma ahora la aplicación de nuevas normativas como el Diario Electrónico de Pesca (DEA), que agravan una situación ya de por sí delicada.

El alcalde de Isla Cristina, Jenaro Orta, solicitó formalmente a la Junta de Andalucía y al Ministerio competente el establecimiento de una moratoria en la aplicación del nuevo reglamento, así como la convocatoria inmediata de una reunión con el sector para buscar soluciones consensuadas. Desde el Ayuntamiento se advirtió de que la falta de sensibilidad de las administraciones hacia la pesca tradicional está poniendo en riesgo una actividad que sostiene empleo, economía y cultura en el municipio y en buena parte del litoral onubense.

El origen de estas protestas se sitúa en la convocatoria realizada el pasado viernes por la Federación Andaluza de Cofradías de Pescadores (FACOPE), que anunció una huelga nacional de las flotas de bajura y costera. Su presidente, Manuel Fernández Belmonte, ya había advertido de que la normativa obliga a los pescadores a “salir a la mar a buscar multas, no pescado”, al no distinguir entre flota industrial y artesanal y extender progresivamente el control electrónico a embarcaciones cada vez más pequeñas.

La jornada dejó patente la profunda preocupación del sector pesquero en la provincia de Huelva, que reclama flexibilidad, diálogo y una adaptación real de la normativa europea a las particularidades de la pesca artesanal y de bajura, una actividad clave para el tejido económico, social y cultural de la costa onubense.