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El desarrollo de medidas legislativas tendentes a aumentar el control sobre los presupuestos públicos y la formación de una masa social crítica bien informada que haga frente a los abusos de poder fueron dos de los aspectos analizados ayer en la cuarta jornada del curso que bajo el título de Corrupción: Justicia y Derecho Penal se celebra estos días en la sede de la Unia en La Rábida bajo la dirección del profesor Miguel Ángel Núñez Paz.
En una mesa redonda que contó con la participación del abogado Miguel Rojano y del director de Huelva Información, Javier Chaparro, ambos coincidieron en la necesidad de mejorar los mecanismos de fiscalización con criterios profesionales e independientes.
Rojano abogó, en concreto, por el "reforzamiento de la figura del interventor" en las administraciones públicas, de tal forma que sus informes sean tanto preceptivos como vinculantes mediante una reforma de la ley de Haciendas Locales, así como por una mejora de la transparencia en la financiación de los partidos políticos. El letrado subrayó que, en el caso de España, "la rentabilidad del delito", resultante de comparar el beneficio obtenido por delincuente y la pena a la que puede ser condenado, puede ser alta.
Chaparro abogó por el desarrollo de las leyes de transparencia y por una mejora de la normativa de financiación de los partidos, además de apostar por el refuerzo de los medios de comunicación para garantizar su independencia y solvencia, tanto informativa como económica.
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