La recaudación enfrenta al SGT y al Ayuntamiento en los tribunales

La tregua preelectoral no ha sido óbice para que el Ayuntamiento de Huelva haya vuelto a recurrir al arbitraje de los tribunales en sus discrepancias técnicas con el Servicio de Recaudación Tributaria (SGT), organismo satélite de la Diputación Provincial.

Ambas instituciones declaran tener relaciones "normalizadas" en la actualidad, pero en paralelo se gesta una doble batalla judicial con millones de euros en juego. En los dos casos, a instancias del Consistorio de la capital, que en el último Pleno dio otra vuelta de tuerca a su estrategia de reclamación.

Como consta en el decreto de Alcaldía al que ha tenido acceso Huelva Información, el Ayuntamiento interpondrá un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) para invalidar los requerimientos que el SGT hizo el pasado verano al Consistorio onubense, emplazándole al "cumplimiento íntegro" del acuerdo de estabilización que ambas partes firmaron en julio de 2012 y que, según el organismo provincial, se había visto vulnerado porque el Ayuntamiento no hacía entrega al SGT de los padrones fiscales y "unilateralmente" retrasó el calendario de cobro de impuestos.

A este respecto, el documento elevado al Pleno municipal del pasado 28 de enero -firmado por el alcalde de Huelva, Pedro Rodríguez (PP)-, impugna el decreto dictado el 23 de julio de 2014 por la presidenta del SGT, María Luisa Faneca (PSOE), por el que se acordó declarar en vigor ese convenio de estabilización y, en virtud del mismo, se reiteró la vigencia del periodo voluntario de cobro entre el 1 de julio y el 30 de septiembre, tal y como se publicó en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP).

Faneca ordenó la "inmediata anulación o revocación del acto por el cual se fijó de modo unilateral un nuevo periodo de cobranza de los tributos delegados", ya que el Ayuntamiento fijó finalmente el calendario de cobro de impuestos entre el 15 de octubre y el 15 de diciembre.

Igualmente, la presidenta firmó la suspensión "cautelar y provisional" de los anticipos ordinarios y extraordinarios al Consistorio, hasta que éste no hiciera entrega de los padrones de cobro al SGT para poder dar cumplimiento al acuerdo de estabilización.

Según indicó Faneca a este periódico, aquel conflicto se resolvió y "los anticipos se están pagando con normalidad".

Sin embargo, los mandatarios del PP han optado porque el juez decida quién llevaba razón en ese tira y afloja. El teniente de alcalde de Economía, Saúl Fernández, esgrimió en declaraciones a este diario que los padrones de cobro que el SGT les estaba reclamando no se entregaban porque, a su vez, el Consistorio defendía que la otra parte estaba incumpliendo el convenio.

La pescadilla que se muerde la cola, pues. El asunto entronca con el primer recurso que los periquistas llevaron al Alto Tribunal Andaluz, una maniobra de la que este periódico informó el pasado mes de octubre.

Entonces eran 1,3 millones de euros los que el Ayuntamiento de Huelva reclamaba al organismo provincial en concepto de "incumplimiento de los objetivos de gestión de los ejercicios de 2005 a 2009".

Ahora Fernández sostiene que son más de 6 millones de euros los que el SGT tendría que pagar en compensación por no haber recaudado el porcentaje estipulado.

Faneca no presidía el ente provincial en el periodo cuyos pagos se reclaman (esa responsabilidad correspondió a Juan Serrato y, posteriormente, a Francisco Orta), si bien ha sido la interlocutora con el PP capitalino en el último mandato, en un clima de cordialidad buscada por ambas partes, pero que se topó con un desacuerdo ante el que los gestores del Consistorio recurrieron a la vía judicial.

Desde que el regidor pusiera la cartera de Economía en manos de Saúl Fernández, el concejal se propuso promover un proceso de revisión del convenio que la Administración local tiene con el SGT. Hasta la fecha no se ha podido alcanzar un consenso a este respecto. Los populares consideran que el SGT no cumple los objetivos recaudatorios, ni en las campañas de pago voluntario ni en el periodo ejecutivo, y que por ello procede una compensación económica al Ayuntamiento.

En esta fricción de criterios, el organismo de la Diputación aduce que el objetivo de gestión no conlleva penalización por incumplimiento, mientras que el Consistorio defiende que haya incentivos y penalizaciones en función de los resultados de cada ejercicio, buscando el máximo rendimiento a los derechos reconocidos en la liquidación de los ingresos municipales.