El acoso escolar o bullying sigue siendo una problemática en los centros educativos de la provincia de Huelva y de todo el país. Este tipo de acciones, que afecta a todas las etapas educativas, puede provocar en las víctimas grandes daños: desde el fracaso escolar, el trauma psicológico, riesgo físico, insatisfacción, ansiedad, infelicidad, problemas de personalidad y riesgo para su desarrollo equilibrado. Igualmente, para el agresor puede ser la antesala de una futura conducta antisocial, una práctica de obtención de poder basada en la agresión, que puede perpetuarse en la vida adulta e, incluso, una sobrevaloración del hecho violento como socialmente aceptable y recompensado.

Para prevenir el acoso en las aulas, la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta de Andalucía ha puesto a disposición de la comunidad educativa una serie de pautas de actuación para evitar supuestas situaciones de acoso escolar protegiendo a las víctimas.

Aunque actualmente no existe un dato concreto de los casos de bullying registrados en las aulas de Huelva, desde la Delegación de Desarrollo Educativo en Huelva sí llevan el control del número de veces que los centros han activado este protocolo de actuación ante alguna señal de alerta. Sin embargo, que un centro educativo active este protocolo para investigar un posible caso, no significa que este termine siendo calificado como acoso escolar o bullying, ya que la decisión final la tiene la Fiscalía. "El protocolo en las aulas tiene un carácter más preventivo que sancionador", aclaran desde la delegación onubense. 

Así, según los últimos datos aportados por la Junta, el número de protocolos iniciados (o casos investigados) en el curso 2021-22 fue de 111, mientras que en este curso 2022-23, se han activado 146, esto es, 35 casos más. Esto quiere decir que aumentan las investigaciones sobre posibles casos de acoso escolar en los centros, al mismo tiempo que crece la concienciación y la vigilancia de la comunidad educativa ante los comportamientos del alumnado. 

Cada vez que se inicia un protocolo ese caso queda registrado, pudiendo quedar algunos de ellos inactivos (se abren pero se quedan sin confirmar) y otros cerrados por el Servicio de Inspección, tras ser investigados. Durante el curso pasado quedaron sin cerrar ni confirmar, un total de 45 casos, mientras que en el curso actual, 33. Los cerrados por el Servicio Provincial de Inspección de Educación el año pasado fueron 13 y este año 14. 

¿Qué se entiende por acoso escolar?

Según recoge este Protocolo de Actuación en Supuestos de Acoso Escolar de la Junta, "el acoso escolar es entendido como el maltrato psicológico, verbal o físico hacia un alumno o alumna producido por uno o más compañeros y compañeras de forma reiterada a lo largo de un tiempo determinado. Es importante no confundir este fenómeno con agresiones esporádicas entre el alumnado y otras manifestaciones violentas que no suponen inferioridad de uno de los participantes en el suceso y que serán atendidas aplicando las medidas educativas que el centro tenga establecidas en su plan de convivencia".

¿Cuál es el protocolo de actuación en supuestos de acoso escolar?

El primer paso es el de identificación y comunicación de la situación. Cualquier miembro de la comunidad educativa que tenga conocimiento o sospechas de una situación de acoso sobre algún alumno tiene la obligación de comunicarlo a un profesor, a la persona responsable de la orientación en el centro o al equipo directivo. En cualquier caso, el receptor de la información siempre informará al director o, en su ausencia, a un miembro del equipo directivo.

A continuación, se llevan a cabo actuaciones inmediatas. Tras esta comunicación, se reunirá el equipo directivo con el tutor de los alumnos afectados y la persona responsable de la orientación en el centro para recopilar información, analizarla y valorar la intervención que proceda. La realización de esta reunión deberá registrarse por escrito, especificando la información recogida y las actuaciones acordadas. En todos los casos en que se estime que pueda existir una situación de acoso escolar se informará del inicio del protocolo de actuación al Servicio Provincial de Inspección de Educación.

Medidas de urgencia. En caso de estimarse necesario, se adoptarán las medidas de urgencia que se requieran para proteger a la persona agredida y evitar las agresiones.

Posteriormente, se traslada al resto de profesionales que atienden al alumno acosado.

El director, con las debidas reservas de confidencialidad y protección de la intimidad de los menores afectados y la de sus familias o responsables legales, podrá informar de la situación al equipo docente del alumnado implicado.

Una vez recogida toda la información, el director del centro realizará un informe con los datos obtenidos,para lo que contrastará la información aportada por las diferentes fuentes.

Una vez recogida y contrastada toda la información, se procederá por parte del director del centro a laadopción de correcciones a las conductas contrarias a la convivencia o de medidas disciplinarias al alumnado agresor implicado, en función de lo establecido en el plan de convivencia. Igualmente, el director trasladará el informe realizado tras la recogida de información así como, en su caso, las medidas disciplinarias aplicadas, a la comisión de convivencia del centro. Posteriormente, el equipo directivo remitirá el informe al Servicio Provincial de Inspección de Educación.El equipo directivo, con el asesoramiento de la persona responsable de la orientación educativa en el centro, definirá un conjunto de medidas y actuaciones para cada caso concreto de acoso escolar. Asimismo, si se considera necesario, podrá contar con el asesoramiento del Gabinete Provincial de Asesoramiento sobre la Convivencia Escolar y de la inspección educativa.

La dirección del centro se responsabilizará de que se lleven a cabo las medidas y actuaciones previstas, informando periódicamente a la comisión de convivencia, a las familias o responsables legales del alumnado y al inspector o inspectora de referencia del grado del cumplimiento de las mismas y de la situación escolar del alumnado implicado.

Además, se informará a las familias del alumnado implicado de las medidas y actuaciones de carácter individual y el inspector de referencia realizará un seguimiento de las medidas y actuaciones definidas y aplicadas, así como de la situación escolar del alumnado implicado.