Del proceso del 'procés' al proceso electoral

El 27 de octubre de 2017 pasará al cronograma historiográfico de la política española como uno de aquellos momentos más críticos de la democracia. A él, obviamente, podríamos sumar otros que han puesto en vilo la convivencia y los proyectos democráticos en nuestro país. Desde 1874, cuando el general Pavía entra en el Congreso y quiebra el proyecto de la Constitución de la I República, pasando por el golpe contra el sistema de la Restauración llevado a cabo en 1923 por el general Primo de Rivera, a la Sanjurjada de 1933, en la II República, cuando se intenta acabar con la Presidencia de Manuel Azaña, y, cómo no, la declaración de independencia de la República Catalana el 6 de octubre de 1934 por el entonces presidente de la Generalitat, Lluís Companys, que llevó al Gobierno de Lerroux, creo que no es malo recordarlo, a poner en marcha toda una serie de medidas excepcionales. La aplicación de la Ley para la Defensa de la República de 1931 y la Ley de Orden Público de 1933 que darían al traste con la pretendida República catalana y la detención del mismo presidente y de otros dirigentes insurgentes, como el entonces jefe de los Mossos d'Esquadra, Enrique Pérez Farrás.

En el otro lado del péndulo ideológico se situaría la sublevación militar del 18 de julio de 1936, que dejó en suspenso el proyecto democrático para España hasta la Constitución de 1978. Con menos de tres años de desarrollo del sistema político democrático, se produjo la intentona golpista de 23 de febrero de 1981, que puso una vez más en riesgo el desarrollo de la democracia española. Tales actuaciones estuvieron motivadas entre otras causas, según los propios golpistas, en el establecimiento y desarrollo de un modelo de autogobierno para Cataluña y País Vasco, y por extensión de forma desigual al resto del España, desde el mismo momento de la restauración democrática con las elecciones de 15 de junio de 1977.

La deriva secesionista que se ha desarrollado en Cataluña es el resultado reciente de la amalgama política de los grupos nacionalistas/independentistas del PDeCAT -antiguos convergentes-, republicanos de ERC unidos a los insurgentes de la CUP. Este proceso ha desembocado, finalmente, tras un rosario de quebrantos de legalidades estatales y autonómicas, en la proclamación de la república catalana el pasado 27 de septiembre de 2017. La inmediata reacción por parte de las instituciones constitucionales y democráticas del Estado llevaría al Gobierno a presentar el viernes pasado en el Senado, tan sólo unas horas después de la proclamación del Parlament, las medidas aprobadas en el Consejo de Ministros del pasado 22 de octubre, al amparo del artículo 155 de la Constitución. En ellas se preveía la destitución del president de la Generalitat y su Gobierno, así como la limitación de la actuación de las instituciones catalanas -incluido el Parlament- durante un periodo máximo de seis meses. Sin embrago la celeridad de los acontecimientos llevó, ese mismo viernes 27 de octubre por la tarde, al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, a poner en práctica las competencias asumidas unos minutos antes y hasta ese momento atribuidas al presidente de la Generalitat, para convocar elecciones al Parlament, ahora cauterizado, para el próximo 21 de diciembre.

La diligencia y prestancia con la que el Gobierno de Mariano Rajoy ha actuado, siempre en el marco de sus competencias constitucionales, con el apoyo explícito de la primera, segunda y cuarta fuerza política de ámbito estatal -PP, PSOE y Ciudadanos- ha posibilitado, por el momento, la aplicación efectiva bajo coerción del orden constitucional de las previsiones estatutarias, evitando así un choque de violento legitimidades.

La asunción por parte de miembros del Gobierno, según se ha dispuesto en el BOE del pasado 28 de octubre, de las competencias equivalentes en la autonomía de Cataluña, quedan marcadas por el periodo ya abierto por la convocatoria de unas elecciones en donde el gobierno, recientemente asumido, deberá actuar prácticamente en funciones, ya que se encuentra dentro de los 54 anteriores a la celebración de los comicios autonómicos según lo dispuesto en la Loreg (Ley Orgánica del Régimen Electoral Español). La ausencia de una normativa autonómica para regular estas elecciones -única comunidad autónoma que no dispone de ley electoral propia tras treinta y siete años de autogobierno- ha podido facilitar la encomienda a la Junta Electoral Central -como en todas las elecciones al Parlamento catalán desde 1980- la salvaguarda de la correcta, constitucional y democrática celebración de las mismas para el próximo 21 de diciembre.

El proceso no ha acabado con estas actuaciones, ni el procés podemos darlo por finiquitado. De aquí al 21 de diciembre pueden acontecer, van a acontecer con toda seguridad, multitud de actuaciones que van a incidir en este singular, extraordinario y peculiar proceso. De ahí que los 54 días que van a transcurrir en este proceso van a determinar, y no solo con sus resultados, sino también con las posiciones de los partidos que finalmente concurran, el futuro del denominado procés. Desde hoy mismo la campaña electoral efectiva ya se ha puesto en marcha, de ahí que desde este primer día las posiciones de cada uno de los actores serán determinantes no sólo para los comicios a los que se encamina, sino también del mismo procés. No podemos presumir ni adelantar, ni por encuestas ni por intuiciones, por muy fundamentadas que estas estén, el resultado del mismo, pero aun generando una composición del Parlament similar a la que ha tenido un final tan lamentable y singular, estaremos en otra posición diferente de la actual y nos estaremos enfrentando a un nuevo proceso político y quién sabe si a un nuevo procés. Las elecciones serán efectivamente una vez más, y esta vez no sólo en Cataluña sino con efectos más allá de sus límites autonómicos, fuente originaria de legitimidad democrática, fuente de representación parlamentaria y, por último, también fuente originaria del Gobierno resultante para un país que necesita de sus actuaciones para posibilitar la restauración de la normal actividad de su gestión democrática. Podemos confiar en que las elecciones catalanas del 21 de diciembre próximo podrán restaurar los efectos universalmente otorgados a esta forma de participación para restaurar los déficits de legalidad y legitimidad con la que una parte de la representación ha ejercido el gobierno en estos últimos meses.