Dos procesados por vender contratos para obtener permisos de residencia

La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Huelva ha dejado visto para sentencia el procedimiento que se centra en la presunta venta fraudulenta de contratos de trabajo para que extranjeros pudieran, supuestamente, conseguir permisos de residencia. Dos hombres se sentaron en el banquillo de los acusados por esta causa, procedente del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 1 de Ayamonte, a los que la Fiscalía acusa de haber cometido un delito continuado de estafa.

En el escrito de la acusación pública, al que ha tenido acceso Huelva Información, se detalla que los imputados son un ciudadano de nacionalidad rumana de 35 años y otro español, letrado de profesión y perteneciente al Colegio de Abogados de Huelva, que tiene 41 años y al que le constan dos condenas firmes anteriores, una por un delito de falsedad documental en 2012 y otra por conducción sin permiso en 2013.

El fiscal relata cómo, actuando de común acuerdo y a través de una tercera persona contra la que no hay acusación por encontrarse en paradero desconocido, en el mes de agosto de 2010 contactaron con una ciudadana de Marruecos. Le solicitaron 2.000 euros por "facilitarle un contrato de trabajo a fin de que pudiera regularizar su estancia en España". Es decir, le vendieron el acuerdo laboral para que pudiera conseguir el permiso de residencia y establecerse en Huelva.

La víctima pagó al intermediario desconocido un total de 1.000 euros que "se repartieron los dos acusado con ánimo de lucro ilícito". Ellos, afirma el Ministerio Público, hicieron figurar el nombre de la mujer en un contrato de empleada doméstica redactado por el abogado procesado y en el que aparecía como contratante el imputado rumano. La Fiscalía remarca que los dos eran "conocedores de que la presentación de dicho contrato de trabajo por la interesada en la Oficina Única de Extranjería de Huelva, dependiente de la Subdelegación del Gobierno, no surtiría efecto alguno en orden a la concesión de las pertinentes autorizaciones de residencia y trabajo", ya que en realidad el procesado rumano no tenía "capacidad material" para ofrecerle ese empleo.

También en agosto de 2010 los dos acusados se pusieron en contacto con otra mujer marroquí, a quien a través del intermediario desconocido y utilizando idéntico procedimiento -con el rumano como empleador y el español como redactor del documento-, le pidieron 2.000 euros por el contrato. Ella no efectuó el pago pese a tener el texto laboral en su poder porque fue "advertida por los Servicios Sociales de Ayamonte de la ineficacia del contrato" para su objetivo de conseguir los permisos de trabajo y residencia.

La Fiscalía pidió en el juicio que se les impusiera una pena de cuatro años de cárcel a cada uno por un delito de estafa continuada, 1.800 euros de multa, las costas del proceso y 1.000 euros de indemnización para cada una de las víctimas. Además, para el abogado propuso la inhabilitación especial para el desempeño de cualquier profesión u oficio directa o indirectamente relacionado con la asistencia, asesoramiento, tramitación, intermediación, formación y representación de extranjeros en territorio nacional durante la duración de la condena.

Los dos acusados alegaron en la vista que su objetivo era emplear a las perjudicadas como mujeres de la limpieza y no para que pudieran obtener los permisos de residencia. Agregaron a su declaración que en ningún momento les cobraron nada por extenderles el contrato, hecho que entra en contradicción con el testimonio de una de las víctimas, que mantuvo ante el tribunal que llegó a pagar 1.000 euros por la documentación y que hasta después no supo que ésta no le servía para su fin.

La segunda mujer dijo que era amiga del abogado y que nunca le pidió dinero por el contrato, aunque admitió que tenía interés por conseguir los permisos para residir en Huelva y trabajar.