La espera para el acceso a las ayudas andaluzas en materia de dependencia ha dejado en el camino a 897 onubenses en los últimos tres años. Casi 900 personas fallecidas sólo en la provincia de Huelva, entre las 27.658 contabilizadas en Andalucía, mientras esperaban, ya fuera de plazo, la evaluación de su grado de dependencia o la resolución de su acceso al Programa Individual de Atención.

Los datos los ofreció ayer en el Parlamento la consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, Rocío Ruiz, que informó a todos los grupos sobre el Plan de Choque puesto en marcha el lunes pasado para hacer frente al freno en la aplicación a las políticas de dependencia en la Junta.

“Nuestros mayores no se merecen que después de una vida completamente dedicada a velar por nuestro bienestar y por nuestro futuro –explicó la consejera– tengan que esperar meses, e incluso años, a que se les reconozca una situación de dependencia y puedan acceder a los servicios y prestaciones a los que tienen derecho”.

Rocío Ruiz considera “extremadamente dramático” que miles de estas personas en listas de espera hayan fallecido durante este tiempo “sin haber podido ejercer sus derechos derivados de la condición de persona en situación de dependencia”.

El número de fallecidos en la provincia de Huelva, pese a rozar el millar, es el más bajo entre los contabilizados en la comunidad, al frente de la que se sitúa el dato de Sevilla, con 7.599 muertos, seguido de Málaga, con 4.242, y de Cádiz, con 4.007. En Granada se ha constatado el fallecimiento de 3.966 personas de las listas de espera en estos tres últimos años, mientras que en Córdoba han sido 2.860; más 2.492, en Jaén; y 1.595 en Almería.

En su comparecencia parlamentaria de ayer, la consejera explicó que el plan lanzado contempla dar prioridad a “la incorporación al sistema de los más de 31.500 menores de 18 años y mayores de 80 que se encuentran en las listas de espera, muchos de ellos valorados como grandes dependientes e incluso algunos sin valorar”.

Ruiz detalló el informe elaborado por su Consejería por el que se han detectado 110.447 personas que en la actualidad están pendientes de ser atendidas por el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD), con nuevos datos actualizados a 28 de febrero. Este dato, subrayó la consejera, incrementa en más de un 45% las cifras de lista de espera recogidas en las estadísticas oficiales del sistema y que ocultaba el anterior Gobierno socialista.

La responsable de las políticas sociales de la Junta ha criticado que los datos recogidos en el mismo informe reflejen que un total de 75.132 personas estén actualmente pendientes de que se les incorpore al Programa Individual de Atención (PIA) para poder disfrutar así de algún recurso del catálogo de la Ley de Dependencia, bien sea prestación económica, atención residencial, centro de día, ayuda a domicilio o teleasistencia, entre otras ayudas.

“Este informe ha concluido, además, que 35.315 andaluces no están contabilizados en las estadísticas oficiales publicadas mensualmente. Son personas –explicó Rocío Ruiz– que han presentado su solicitud pero ni siquiera se les ha llamado y están pendientes de ser valoradas para determinar su grado de dependencia”.

En la provincia de Huelva, según los números aportados por la propia consejera durante su visita del 20 de marzo pasado, hay 2.821 personas pendientes de valoración, mientras otras 4.576 se encuentran sin participar en el Programa Individual de Atención. En total, 7.397 onubenses.

Inyección económica

La puesta en marcha del plan de choque en dependencia está respaldada con una inyección de 77 millones de euros, con el objetivo de simplificar los trámites, agilizar las listas de espera y garantizar el cumplimiento de los plazos de concesión de las prestaciones y servicios que prevé aunar en un único procedimiento los trámites para el reconocimiento de la situación y para la concesión de las ayudas, que actualmente se gestionaban por separado y por fases.

“Vamos a revisar y actualizar, desde una perspectiva integral, todo el funcionamiento del sistema de prestaciones de la atención a la dependencia para adecuarlo a la realidad y a las necesidades del conjunto de personas usuarias”.

De los 77 millones destinados al plan, la mayor parte, 36,6 millones, son para el Servicio de Ayuda a Domicilio, más 14,1 para la prestación económica para cuidados en el entorno familiar; 15,7 para atención residencial; 4,4 para centros de día; y 6,6 para la prestación económica vinculada al servicio.