Pensiones

Las pensiones en Huelva son inferiores en un 8% a la media nacional

  • La provincia cuenta con 96.080 jubilados que reciben un montante medio de 869,73 euros al mes

La representación de la Plataforma de Jubilados de Lepe por unas Pensiones Públicas y Dignas durante la manifestación.

La representación de la Plataforma de Jubilados de Lepe por unas Pensiones Públicas y Dignas durante la manifestación. / Alberto Domínguez (Huelva)

Hasta 96.080 pensionistas de Huelva son víctimas de la inestabilidad política actual, de los que 73.686 forman parte del régimen general y 12.432 se definen como autónomos.

Según los datos aportados por Comisiones Obreras, fechados el 31 de diciembre de 2018, los jubilados onubenses reciben una media de 869,73 euros al mes, una cifra ligeramente superior a la mesa de Andalucía, que se sitúa en 846,58 euros. Sin embargo, este montante se antoja muy inferior a la pensión media en España, que asciende hasta los 944,69 euros. De ahí, que desde Huelva se reclame una equiparación salarial con respecto a otros puntos de la geografía española.

Estos datos se traducen en que los pensionistas de Huelva cobran una media de 1.050 euros menos cada año que el resto de España o, lo que es lo mismo, un 8% menos al mes. En este sentido, José Dolores, representante del Sindicato de Pensionistas de COOO, señala que “la provincia de Huelva deja de percibir en pensiones públicas más de 100 millones de euros cada año”.

Por ello, desde CCOO, se exige la derogación de la reforma de las pensiones de Ley 23/2013, de 23 de diciembre, al resultar una medida que “hunde a los pensionistas en la pobreza”. Andalucía es una de las comunidades autónomas que mayor tasa de población mayor de 65 años en riesgo de pobreza presenta, con un 23,1%, según los indicadores Habits Big Data construidos por la consultora AIS Group en base a la información del Instituto Nacional de Estadística (INE). De este modo, la región andaluza es la segunda comunidad con mayor riesgo de pobreza en este sector de población, por detrás de Extremadura, y muy alejada del País Vasco, Navarra o Cataluña, con 6,3, 6,5 y 9,9% respectivamente.

La recuperación de la centralidad del Pacto de Toledo como expresión de un “consenso básico” en la defensa del mantenimiento y mejora del Sistema Público de Pensiones es otra de las metas que persigue el sindicato. También exigen un compromiso político al Gobierno para cuadrar la sostenibilidad de las cuentas de la Seguridad Social sin incidir en una merma de los derechos de los jubilados y pensionistas. Ambas propuestas se contemplan también en el catálogo de exigencias de la Unión General de Trabajadores (UGT).

CCOO pide una ampliación de las fuentes de financiación de la Seguridad Social con objeto de incrementar los recursos y de “generalizar el principio de cotización por los ingresos reales para todos los afiliados”. A su vez, otra de las medidas pasa porque las pensiones se revaloricen conforme lo haga el IPC, de manera que se mantenga el poder adquisitivo de los jubilados, independientemente los precios de los productos.

Por su parte, UGT se posiciona igualmente a favor de una mayor protección económica y social de los jubilados para que puedan obtener una renta “digna y de bienestar”. A su vez, el sindicato establece que el envejecimiento debería contar como un nuevo enfoque que lo defina como un “hecho positivo”, en tanto que el mayor puede participar activamente en la sociedad, y “no como un problema”. En base a ello, resultarían necesarias políticas que fomenten la autonomía del mayor, de manera que se gestionen instalaciones que respondan a sus necesidades en materias de sanidad, transporte, voluntariado o vivienda, entre otras cuestiones.

Con la máxima de ver cumplidos sus reclamos, los jubilados elevan la voz para poder recibir unas pensiones que dignifiquen su esfuerzo y constancia durante su etapa laboral.

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