Condenan a dos hombres a dos años de prisión y una multa de 10.000 euros por distribuir cocaína y hachís en La Palma del Condado

La Audiencia Provincial de Huelva ha condenado a penas de hasta dos años de prisión a dos hombres, identificados por un delito contra la salud pública tras quedar probado que se dedicaban a la adquisición, almacenaje y venta de cocaína y hachís en La Palma del Condado.

La sentencia, dictada por conformidad de las partes y a la que ha tenido acceso EFE, considera probado que entre enero de 2019 y febrero de 2020 los acusados actuaron de común acuerdo para distribuir sustancias estupefacientes a terceros.

Según el relato de los hechos, uno de ellos ejercía las funciones de administración y venta directa, mientras que el otro colaboraba en el transporte y utilizaba su domicilio como "guardería" para ocultar la droga y evitar registros policiales.

La investigación policial culminó el 21 de febrero de 2020, cuando los agentes interceptaron al primero de ellos tras salir de la vivienda de su cómplice portando una mochila.

En su interior, el acusado ocultaba una caja fuerte que contenía cerca de 900 gramos de resina de cannabis y más de 110 gramos de cocaína de diversa pureza, además de básculas de precisión y útiles para el corte. El valor de la sustancia intervenida en el mercado ilícito habría superado los 11.700 euros.

El tribunal ha aplicado a ambos condenados la atenuante muy cualificada de dilataciones indebidas, al haber transcurrido casi cuatro años desde el inicio de la causa hasta la celebración del juicio.

Asimismo, sobre el "administrador" ha recaído la agravante de reincidencia, compensada en parte por su acreditada adicción a la cocaína, por la que recibe tratamiento en un centro especializado de Bollullos par del Condado.

En virtud del acuerdo de conformidad, este ha sido condenado a dos años de prisión y al pago de una multa de 10.000 euros. Por su parte, el otro acusado ha aceptado una pena de un año y seis meses de cárcel y otra multa de 10.000 euros.

La Sala ha concedido a este último la suspensión de la pena de prisión por un período de tres años, condicionada a que no vuelva a delinquir. En el caso del primero, la ejecución de la pena ha quedado supeditada a la espera de informes forenses que acrediten su proceso de deshabituación, lo que determinará si finalmente debe ingresar o no en un centro penitenciario.