Movió la cabeza de arriba a abajo, se encogió de hombros y pronunció un sí casi mudo para asumir la autoría del crimen de Pedro Martínez, un sin techo al que conocía media Huelva por vender ramilletes de flores en la calle Concepción. Pedro tuvo la peor de las muertes: fue apaleado brutalmente en incontables ocasiones mientras dormía en un solar junto a la Plaza de la Soledad.

La mano que le quitó la vida era la de un chico de 17 años, que ayer se sentaba en el banquillo de acusados en el Juzgado de Menores por enésima vez pero, en esta ocasión, para responder por una muerte que provocó sólo para robar, y en la que tuvo como cómplice a un adulto (en prisión preventiva y pendiente de juicio). El hombre de las rosas murió por un paquete de tabaco, lo único que llevaba encima y que su asesino le pudo quitar cuando fue atacado en la noche del 17 de diciembre de 2008.

En el Juzgado de Menores hubo acuerdo de las partes (acusaciones y defensa) en cuanto a la responsabilidad penal. El chico que mató a Pedro Martínez, que acaba de cumplir la mayoría de edad, estará en la calle con 26 años. La sentencia dictada por la juez, Carmen Orland, ya firme, le impone ocho años de internamiento en un centro en régimen cerrado (dos años menos de los que inicialmente solicitaba la Fiscalía) y, como medida complementaria, otros cinco de libertad vigilada, al considerarlo responsable de un delito de robo con violencia en concurso con un homicidio.

Con la resolución de la juez, quedaba cerrada la cuestión penal por la muerte a palos del indigente y se abría un debate tan agrio como doloroso para los dos hijos de la víctima: la responsabilidad civil. En la sala, se hablaba de algo más que de una cuestión económica y de poner precio, con más o menos ceros, al crimen de Pedro Martínez. El menor debía estar internado en un centro de la Junta cuando cometió el crimen y, sin embargo, se encontraba en la calle porque se había fugado (una vez más).

La acusación pública fue contundente en su alegato y pudo haber sacado los colores a la Consejería de Bienestar. La fiscal encargada del caso consideró que había quedado acreditado tanto el daño moral que ha producido el feroz homicidio en los hijos de la víctima, Mario y Rocío, como la responsabilidad solidaria de la Junta de Andalucía, que tiene en sus manos la tutela del acusado desde 2006, responsabilidad que la letrada de la Administración autonómica declinó.

"Hay que tener en cuenta que se fugó del centro en el que estaba internado en Córdoba" y que, según parece, se sabía que estaba en Huelva con su padre. La fiscal calificó de negligencia grave la actuación de la Junta, por "una falta absoluta de control sobre el menor".

Y no era la primera vez que el chico se las veía con la autoridad judicial. La fiscal detalló un rosario de acciones delictivas que precedieron al ataque mortal al indigente. El chico tiene más de una veintena de diligencias tras de si, dos expedientes de reforma, y hasta ocho fugas de centros públicos entre 2006 y 2008. Sólo poco antes del crimen, había protagonizado cuatro fugas en dos meses, huidas que se recogen en un informe de la misma Junta. "Y a pesar de ello, no tuvo (la Administración andaluza) una actitud vigilante sobre el menor", subrayó.

Pendientes de la decisión de la juez, las acusaciones piden 60.000 euros de indemnización para cada uno de los hijos, cifra que la abogada de la Junta consideró "desmesurada" porque Pedro Martínez vivía en la miseria.