Más de 500 onubenses pueden perder su vivienda por impago de la hipoteca

El número de onubense que está teniendo dificultades para pagar la hipoteca de su vivienda sigue en aumento. Los datos sobre los efectos de la crisis en los órganos judiciales así lo reflejan. Las ejecuciones hipotecarias alcanzan ya en los seis primeros meses del año las 519, una cifra que se aproxima a las que se realizaron durante todo el año 2008 cuando los bancos presentaron 672 trámites en los juzgados de Huelva para exigir el pago íntegro del crédito hipotecario.

En los dos primeros trimestres de 2009 las ejecuciones hipotecarias se han incrementado casi un 90% respecto al mismo periodo del pasado año cuando se presentaron 276 procesos.

Por provincias, Jaén es la que menos ejecuciones ha tramitado con 456, seguida de Huelva (519) y Córdoba (542). De las andaluzas, la que más fue Málaga con 2.405 ejecuciones, Almería (1.803), Sevilla (1.682), Cádiz (1.161) y Granada (958).

El procesos de una ejecución hipotecaria se inicia cuando un cliente deja de pagar al banco entre tres y seis cuotas consecutivas de su hipoteca. Es entonces cuando la entidad financiera comienza el proceso y se dirige a los juzgados para abrir la ejecución. Se trata de un proceso complejo que va más allá de la simple morosidad o retrasos a la ahora de pagar las mensualidades.

Granada fue la provincia andaluza donde más dispararon la ejecuciones hipotecarias el pasado año en relación a 2007 con una subida del 177%. Cádiz y Jaén fueron las que menos con un 122 y un 124% respectivamente, seguidas de Huelva con un aumento del 137%.

Cuando se inicia una ejecución no es para pedir la cantidad de dinero atrasada, sino para reclamar el importe total de la hipoteca a una interés marcado que puede varias entre un 20 y un 25%. Todas las costas judiciales corren a cargo del deudor. Cuando se constata que el afectado no puede hacer a toda la deuda, el juzgado saca a subasta el inmueble, que en muchos casos no es suficiente para devolver todo el dinero prestado.

El proceso de ejecución es más rápido que el del embargo de bienes, ya que no hay que recurrir a un perito que tase el valor de la vivienda. No obstante, los procedimiento ejecutivos se dilatan una media de ocho meses hasta que la casa vuelve a estar en el mercado. Ante se llegar a esta situación es necesario negociar con el banco que ha concedido el préstamo o vender el inmueble. Esta segunda opción permite obtener mayores ingresos que con la subasta judicial de la vivienda y ahorrarse los gastos del proceso de ejecución.

A nivel nacional, los juzgados registraron en el segundo trimestre del año 23.700 solicitudes de ejecuciones hipotecarias, una nueva cifra récord que supera en un 83% las contabilizadas en el mismo período de 2008, pero que sin embargo casi se ha estancado en relación a los primeros tres meses del año.

De acuerdo con las estadísticas del Consejo General del Poder Judicial, el máximo órgano de gobierno de los jueces, las ejecuciones hipotecarias, que solicitan mayoritariamente las entidades financieras, marcaron un nuevo máximo entre abril y junio, aunque se elevaron tan sólo el 1,14% en relación al trimestre anterior.

Ese aumento intertrimestral es el menor desde mediados de 2007 y contrasta con los incrementos de dos dígitos registrados en la mayoría de trimestres anteriores (que en algunos casos llegaron a superar el 50%).

En cualquier caso, si en la segunda mitad del año se mantuviera el número trimestral de ejecuciones, 2009 se cerraría con casi 100.000 procedimientos, frente a los 58.686 del año 2008, que ya fueron récord.

Por comunidades autónomas, tan sólo Extremadura, Madrid, Galicia y Valencia registraron aumentos apreciables en variación trimestral, del 15,8%, del 15,5%, del 7,9% y del 6,6%, respectivamente.