La oficina antiokupa de Huelva atiende una decena de consultas diarias y suma ya 30 personas en lista de espera

El servicio registra una alta demanda en su segunda semana marcada por el fenómeno de los "inquiokupas": inquilinos que no abandonan la vivienda tras finalizar el contrato

Huelva ya tiene en funcionamiento su Oficina Municipal de Asistencia Antiokupa: horario y días para pedir las citas

José Luis Gamero, abogado encargado de la oficina antiokupa esta semana. / Josué Correa

La oficina municipal de asistencia antiokupa, puesta en marcha por el Ayuntamiento y el Colegio de Abogados, consolida su actividad en su segunda semana de funcionamiento. Tras abrir sus puertas el pasado 8 de enero, el servicio ha registrado un flujo constante de ciudadanos, reflejando el gran interés de la población y la necesidad de este punto de apoyo legal.

El éxito de la convocatoria ha superado las previsiones iniciales. Actualmente, el servicio atiende un máximo de 10 peticiones por día —ayer jueves se gestionaron nueve citas—, lo que ya ha generado una lista de espera de treinta personas. Esta alta demanda se manifiesta en un goteo incesante de llamadas de ciudadanos interesados en proteger sus viviendas o comunidades de propietarios.

El servicio, diseñado para ofrecer rapidez y cercanía, cuenta con un turno especial compuesto por 54 abogados. Cada semana, un letrado experto asume la atención de las consultas. "Una exigencia del turno es que estés allí en plena disponibilidad y capacidad para atender a los usuarios", explica José Luis Gamero, abogado encargado de la oficina esta semana, quien destaca la importancia de este acceso gratuito a la abogacía en la ciudad.

El sistema de trabajo es sencillo: los ciudadanos solicitan cita previa a través del Ayuntamiento, que posteriormente deriva los casos al Colegio de Abogados. El servicio se presta todos los jueves, en horario de mañana (12:00 a 14:00) y tarde (16:30 a 19:00), tanto de forma presencial en la sede del Colegio como por vía telefónica.

Durante la jornada de ayer, la mayoría de las consultas fueron presenciales. "Mi obligación es dar una opinión jurídica y recomendaciones basadas en la casuística de cada usuario", detalla Gamero. Uno de los puntos clave es la diversidad de los problemas planteados; no se trata solo de entradas por la fuerza en viviendas, sino de situaciones complejas que a menudo confunden al ciudadano. "Hablamos de 'inquiokupas' o de comunidades que sufren acciones molestas. El objetivo es que el afectado sepa qué pasos dar antes de acudir a la Policía, ya que a veces se denuncia y el hecho no es objeto de infracción penal porque hay un contrato de por medio".

El servicio funciona como un asesoramiento inicial y gratuito. Tras esta consulta, el ciudadano decide si inicia acciones judiciales por su cuenta o si solicita el beneficio de la justicia gratuita, en caso de cumplir los requisitos para un abogado de oficio. "Es una asesoría rápida para saber los pasos a seguir", concluye Gamero, subrayando la vulnerabilidad legal en la que se encuentran muchos propietarios.

El fenómeno de los "inquiokupas"

Curiosamente, la mayoría de las consultas hasta ahora no se deben a ocupaciones estrictas, sino a los denominados "inquiokupas": inquilinos con contrato que dejan de pagar o que permanecen en la vivienda tras finalizar el acuerdo con los propietarios.

"Este es el fenómeno más frecuente últimamente", explica el letrado. "Personas que, una vez termina el contrato porque el dueño quiere recuperar su propiedad, se niegan a marcharse alegando que no encuentran nada mejor". Lo más llamativo es que muchos, a pesar de haber recibido el requerimiento legal para marcharse, continúan abonando la renta.

Ante esto, el consejo profesional es unánime: la vía judicial es la única solución. El primer paso obligatorio es enviar un burofax para notificar fehacientemente la voluntad de no renovar el contrato. Si el inquilino lo ignora, se debe solicitar judicialmente el desahucio por finalización de contrato. El mayor obstáculo, sin embargo, es el tiempo: dependiendo de la saturación del juzgado, el proceso puede demorarse entre un año y un año y medio hasta recuperar la posesión de la vivienda.

Los ciudadanos que necesiten orientación en este sentido o que busquen conocer los primeros pasos legales ante una situación de ocupación, pueden acceder a la oficina municipal de asistencia antiokupa solicitando cita previa en la web www.icahuelva.es/citasocupacion/ o llamando al teléfono municipal 959 252 833.

Además de la atención directa, la intención del Ayuntamiento de Huelva es que este servicio sirva para erradicar los focos de ocupación en la ciudad. Con este objetivo, la oficina elaborará un diagnóstico trimestral de la situación real, analizando la incidencia y tipología de los casos atendidos, ya se trate de viviendas, locales, edificios enteros o inmuebles en desuso. 

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