Aumentan las víctimas, los delincuentes, los hechos conocidos y los esclarecidos. El cibercrimen está a la orden del día y así lo constatan los datos del Ministerio del Interior obtenidos del Sistema Estadístico de Criminalidad (SEC), analizados por Huelva Información y en los que se da cuenta de los hechos de los que han tenido conocimiento la Guardia Civil, el Cuerpo Nacional de Policía y las Policías Locales que facilitan datos al sistema. En Huelva, solo en 2019 fueron 1.681, el 12,1% más que en el ejercicio precedente, lo que se tradujo en un saldo de 101 personas investigadas.

Prácticamente ocho de cada diez de esas infracciones penales y administrativas conocidas por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad –bien por medio de denuncia interpuesta o por actuación policial realizada motu proprio– tuvieron que ver con fraudes informáticos. Estos hechos ascendieron a 1.327, el 13,9% más que en 2018, cuando se contabilizaron 1.165. Son, básicamente, estafas: 200 bancarias, 665 con tarjeta o cheques de viaje y 462 en concepto de “otras”. Y este es, según la experiencia del fiscal delegado de Criminalidad Informática de Huelva, Alberto Campomanes, “sin duda, el delito estrella”.

La cabeza visible en estas lides del Ministerio Público indica a este diario que “se va extendiendo mucho el phishing, que es el robo de datos” haciéndose pasar por una empresa o persona de confianza de la víctima. Poco después el damnificado se percata de que “le falta dinero en la cuenta”.

Dice Campomanes que detrás de este tipo de timos suelen estar delincuentes internacionales, con base en países “del este de Europa o de África, de escasa colaboración” con las autoridades españolas. Ellos generan “el engaño y usan a personas con menos conocimientos informáticos y residentes en España, a los que conocemos como mulas”, que son quienes derivan el dinero sustraído a las cuentas del extranjero. La Justicia tira del hilo y llega hasta los nacionales, “es relativamente fácil cogerlos, pero no a los demás”.

El saldo de detenidos e investigados por estos asuntos en Huelva ascendió a 41. Y eso que las estafas por cantidades inferiores a los 400 euros “no se investigan porque, según marca la Ley de Enjuiciamiento Criminal, son delitos leves”.

Otro de los hechos llamativos de la estadística estatal pertenece al grupo penal constituido por amenazas y coacciones. Se inventariaron 236 infracciones por este motivo el año pasado, 23 más que en el anterior (+10,8%), con 32 investigados. Alberto Campomanes señala al respecto que “desde la Fiscalía solo llevamos los delitos de investigación más compleja”, pero añade que “la gente habla mucho en las aplicaciones de mensajería y en las redes sociales, entra en debate y se acalora y, con la distancia que te da una pantalla, dice cosas que no tiene que decir”, por lo que acaba cometiendo este tipo de delitos. De hecho, los que son contra el honor ascienden a 29, y también son tres más que en 2018, con un imputado.

La falsificación informática deja un saldo de 40 hechos conocidos (13 más) y cuatro detenidos, mientras que solo menguaron los delitos sexuales, que pasaron de 26 a 20 en un año (con 16 investigados), y los de interferencia en los datos y en el sistema, que se redujeron de ocho a cinco.

El concepto de victimización de la estadística de Cibercriminalidad viene referido al número de hechos denunciados por personas en los cuales manifiestan ser víctimas o perjudicados por alguna infracción penal. Pueden existir varios damnificados en una sola victimización. Estas fueron al cierre de 2019 un total de 1.177, el 20,4% más que en los doce meses anteriores. Por volumen, se asemejan a los hechos delictivos: hubo 521 de estafas con tarjetas, nueve por estafas bancarias, 318 de otro tipo, 215 por amenazas o 40 por usurpación del estado civil, por citar los más llamativos.

Los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad onubenses consiguieron esclarecer 444 hechos el año pasado, el 26,4% del total contabilizado y un 13% más que en 2018. Se estima que un hecho ha quedado esclarecido cuando se sorprende al autor in fraganti, cuando se le identifica plenamente, cuando se obtiene una confesión y pruebas sólidas o cuando la investigación revela que, en realidad, no ha habido infracción alguna.