El número de jóvenes que piden el salario social se multiplica por 10

La estadística más destacada de la evolución que muestra este año la solicitud del salario social apunta a un mayor protagonismo de la franja entre los 25 y 35 años de edad. Si durante el pasado año este grupo representó el 4,8% del total de las solicitudes, el porcentaje se ha disparado hasta el 43,91% en el primer semestre de este 2008.

La delegada provincial de Igualdad y Bienestar Social, Carmen Lloret, fue la encargada de presentar ayer la evolución en nuestra provincia del programa de Solidaridad para la Erradicación de la Marginación y la Desigualdad, que se puso en marcha hace nueve años. De este modo, durante el primer semestre ya se han destinado 1,2 millones de euros, lo que representa el 92,5% del importe total de 2007, que ascendió a 1,3 millones de euros. Este comportamiento, sin embargo, no es nuevo sino que suele repetirse en todos los ejercicios, siendo los primeros meses del año los que aglutinan el mayor número de solicitudes aprobadas.

La cuantía de este primer semestre de 2008 se ha traducido en la aprobación de 558 expedientes, lo que supone el 72,2% respecto a los aprobados el pasado año -con 704- y 1.446 beneficiados frente a los 1.756 onubenses acogidos al salario social en el anterior ejercicio.

Por lo que respecta al perfil medio de las personas que se benefician sigue situando a la mujer por encima del hombre -55,1%, sin formación básica -33%- y joven -38,5%-.

Pero, desde luego, lo que llama notoriamente la atención en la evolución que se percibe en lo que va de año es ese salto cuantitativo en lo que respecta a la franja de edad entre los 25 y 35 años. Ante este fenómeno, la delegada de Igualdad y Bienestar Social comentó que "suele tratarse de personas que carecen de estudios, que no residen con sus familias y que en muchos casos tienen pareja que afronta una situación de embarazo no deseado". Lloret insistió en que la actuación del programa de Solidaridad y el correspondiente Ingreso Mínimo de Solidaridad (IMS) está dirigido a personas que viven en marginalidad y exclusión social; "son personas que llevan mucho tiempo en situaciones de esa índole y ahora sienten la necesidad de dar el paso necesario de integrarse activamente en la sociedad". Asimismo, indicó en que el incremento de los números responde a que el programa de Solidaridad es más divulgado por los Servicios Sociales de los distintos ayuntamientos y no porque la marginalidad esté incrementándose. Aun así, la delegada reiteró que el programa tiene su ámbito de actuación en el mundo de la marginalidad y no en la atención a personas profesionales que por determinadas causas pueden quedarse sin empleo.

Las personas atendidas en el programa de Solidaridad que cuentan con estudios superiores son una minoría que, en la mayor parte de los casos, es víctima de las drogodependencias. En esos casos, la prestación queda vinculada al seguimiento de un programa de desintoxicación. El IMS se extiende hasta un máximo de seis meses y equivale al 62% del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) si bien, la cantidad se incrementa un 8% por cada miembro de la unidad familiar de la persona benericiaria hasta alcanzar el tope del SMI, es decir, los 600 euros. Durante esos seis meses de percepción del IMS, la persona se incorpora a las distintas ofertas de formación e inserción laboral de la Junta de Andalucía y sus entidades colaboradoras, a fin de erradicar las bolsas de pobreza y las circunstancias que las producen. En algunas ocasiones, las situaciones que han de afrontar son tan precarias que se debe hacer un primer desembolso de mayor cuantía.

Sobre este aspecto, Carmen Lloret brindó un dato positivo. En lo que llevamos de año han aumentado en un 12% los expedientes de compromiso de inserción laboral. En otras palabras, esto significa que se ha incrementado en ese porcentaje el acceso al mercado laboral de las personas incluidas en el programa de Solidaridad. Ante esta evolución, la delegada indicó que "rompe los esquemas ya que aunque estamos en un período en el que está creciendo el paro, la inserción laboral en este colectivo aumenta". Aparte de la incorporación al mundo laboral, el programa de Solidaridad también trabaja en el campo de proporcionar vivienda digna en la medida de lo posible.

Los beneficiarios del programa de Solidaridad son las unidades familiares que cumplan determinados requisitos entre los que el más importante sea, como ya se ha comentado, disponer de unos recursos mensuales inferiores a la cuantía del IMS, si bien tomando como referencia el Salario Mínimo Interprofesional.

Hay que tener en cuenta, además, que se reconoce la unidad familiar constituida por una única persona en algunos casos, como las mayores de 25 años y vivan solas o las que cuando alcancen la mayoría de edad hayan estado previamente bajo la tutela de la Junta de Andalucía.