Las monitoras escolares reclaman trabajar jornadas y años completos
El colectivo es despedido durante el verano y su labor a lo sumo es de 20 horas a la semana
Jornadas de 8, 12 o 20 horas semanales; despidos en el verano para ser readmitidas en septiembre; centros de trabajo divididos en varios colegios, algunos salarios que se quedan en los 300 euros... Esta es la situación que están viviendo las monitoras escolares onubenses que ayer protagonizaron una concentración de protesta ante la Delegación Territorial de Educación, convocada por CCOO. El colectivo reivindica trabajar durante todo el año y que sus contratos comprendan la jornada completa.
La responsable de Educación de este sindicato en la provincia, Marina Vega, denunció lo que considera la consolidación de minijobs dentro del empleo público. De este modo, Vega aprovechó para criticar la política laboral de la Junta de Andalucía e incidió en el carácter feminizado de este colectivo ya que el 90% de los trabajadores son mujeres.
Se trata por lo tanto, de unas monitoras a tiempo parcial y discontinuas que realizan su labor profesional en 50 colegios de la provincia. En total son 31, lo que supone la mayor parte de este colectivo y 632 en toda Andalucía. Su actividad se centra preferentemente en asumir la carga burocrática de los centros docentes públicos de Infantil y Primaria aunque también hacen hueco para estar en la biblioteca o en los comedores, como recordó Rocío Camacho, del comité de empresa.
Otra de las dificultades que han de afrontar es que su actividad laboral la ejercen, en algunas ocasiones, en más de un centro docente. Otro de los inconvenientes que son resultado de que estas trabajadoras no estén contratadas durante todo el año, es que las vacaciones han de cogerlas durante el curso lo que incide aún más si cabe en la dinámica de esta plantilla que ya de por sí, en opinión de CCOO, es bastante reducida.
Marina Vega insistió que "no es de recibo que la Junta de Andalucía se dedique a precarizar el empleo".
Problemática laboral que se remonta a finales de 2013
La problemática de las monitoras escolares viene de largo pero empezó a complicarse especialmente, a finales de 2013. Ese fue el año cuando la Junta de Andalucía decidió terminar la relación que mantenía con la que empresa a la que pertenecían estas trabajadoras, es decir, era un servicio que estaba privatizado. Eso generó un conflicto ya que estas empleadas consideraron que habían estado trabajando en una situación de cesión ilegal. El argumento principal para apoyar esta afirmación fue que incluso habían tenido acceso, dentro de su actividad laboral, al Programa Séneca que es la columna vertebral organizativa de todo el sistema educativo andaluz. De este modo, las monitoras sostuvieron que habían realizado un empleo público para lo que la Junta contrató a una empresa privada. Marina Vega recordó que la Justicia finalmente dio la razón a estas trabajadoras de modo que dejó de estar definitivamente, privatizado. Hasta llegar a la situación actual, este colectivo también tuvo que pasar por un denominado plan de choque por el que la Junta quiso cubrir esas plazas que en principio, habían quedado vacías como consecuencia del fin de la vinculación de la Junta con la empresa a la que en principio pertenecían.
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