Si en algo coinciden las mujeres migrantes es en la sensación de intranquilidad y desasosiego que producen los asentamientos durante la noche. Este terror compartido y crónico que no desaparece durante el día, no es baladí. Se trata de la piedra angular sobre la que se asientan un conjunto de violencias múltiples y estructurales a las que se enfrentan diariamente las mujeres migrantes en situación irregular de Huelva. 

Así lo ha puesto de manifiesto un exhaustivo informe elaborado por la asociación Huelva Acoge sobre la situación de los asentamientos de Huelva. A través de más de 770 entrevistas y 15 encuentros grupales, los técnicos de Huelva Acoge han recorrido los 41 asentamientos que componen el mapa de la provincia y en los que llegan a vivir entre mil y tres mil personas a lo largo del año en función de la situación de campaña agrícola. 

Entre las conclusiones de esta memoria, explica la presidenta de la asociación en Huelva, Rocío Martín, se encuentran la gran cantidad de personas que en la actualidad llevan meses o incluso años en situación irregular en los municipios de acogida, donde la denegación del padrón municipal les lleva a la exclusión de recursos básicos como la luz o el agua. 

El problema se agrava, asegura el informe, con la terminación de las contrataciones en origen. "Una vez acabados, las mujeres que deciden quedarse en estas localidades se encuentran en una situación administrativa irregular, sin acceso a ningún tipo de recursos, malviviendo en estos asentamientos que suponen la única alternativa posible para ellas". Esta situación, unida al sesgo de género, "las pone en una situación especialmente vulnerable, con la barrera idiomática que impide la creación efectiva de redes de apoyo"

El perfil de estas mujeres es, en su mayoría, el de mujeres mayores de cuarenta años, de origen magrebí, sin estudios y con cargas familiares (90,9%), lo que las convierte en las principales víctimas en potencia tanto de la trata de blanca como del resto de las violencias. Se desconoce, según el técnico de la asociación y autor del informe, Ángel Madero, el número real de mujeres que se encuentra en esta situación, "precisamente porque la ausencia de empadronamiento dificulta la tarea de contabilizarlas". 

Lo que sí advierten en las mujeres entrevistadas es la presencia de diferentes tipos de violencias. Por relevancia, destacan la violencia económica con un 57,1% y donde más de un 53% de las encuestadas reconoce que solo recibe parte del dinero por su trabajo, quedando el resto en manos de manijeros, parejas o personas con las que estas mujeres contraen una deuda. También se reconoce violencia de tipo sexual, psicológica (35,7%), amenazas (21,4%) y violencia física (14,3%). 

Un problema que se agrava y se cronifica

Para paliar esta situación la asociación propone impulsar diferentes acciones de trabajo coordinado entre todos los agentes implicados, tanto institucionales, como empresariales, pasando por la ciudadanía del municipio y las propias personas implicadas. "Todos juegan un papel fundamental, especialmente para combatir los discursos de odio y el racismo que imponen determinados grupos". 

Entiende la representante de Huelva Acoge que se trata de un problema que lejos de solucionarse, se agrava y se cronifica. "Los asentamientos únicamente se van reubicando en otras partes, no solo no se erradica el problema sino que cada vez se van alejando más de los núcleos urbanos, se van alienando de la vida social y de los recursos básicos y es algo que año tras año va empeorando su propia realidad" 

Para Madero, es importante recordar que "más de la mitad de las personas que viven en estos asentamientos llevan más de tres años viviendo en ellos por lo que deberían considerarse vecinos y vecinas y tener acceso a la regularización administrativa". La ausencia de esta situación jurídica, vulnera en forma de cascada el resto de derechos básicos "como la denuncia segura de personas que sufren situaciones de exclusión extrema que podrían definirse como esclavitud moderna y que se cohiben a la hora de denunciar sus situaciones porque tienen miedo a que se les expulsen". 

Rocío Martín, presidenta de la asociación Huelva Acoge

La cuestión de los menores en los asentamientos también preocupa a la asociación humanitaria. "Aunque afortunadamente su presencia en los asentamientos no es constante, estos niños y niñas deben ser atendidos con la pertinencia necesaria y dentro de las propuestas que hacemos está la de priorizar a cualquier familia donde haya menores especialmente en la cuestión habitacional". 

Huelva Acoge lleva más de tres décadas trabajando sobre el terreno y conoce a la perfección la situación de exclusión social que padecen las personas migrantes que pernoctan en los asentamientos de infraviviendas de la provincia. La organización forma parte de la federación Andalucía Acoge con sede en prácticamente todas las provincias andaluzas así como en Ceuta y Melilla.