El juicio contra Casto Pino y su mujer, A.S.N., por el desfalco del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales de Huelva (Coiti) se celebrará –seis años y ocho meses después de la detención– entre el 1 y el 4 de febrero próximos en la Sección Tercera de la Audiencia Provincial, como ha podido saber en primicia Huelva Información.

Si la pandemia no lo impide, la pareja se sentará dentro de algo más de dos semanas en el banquillo de los acusados para responder por delitos de apropiación indebida y por otro continuado de falsedad de documentos mercantiles, por los que la Fiscalía pide que se les impongan ocho años de prisión después de acusarlos de dejar un agujero contable en la institución colegial de casi 1,1 millones de euros a lo largo de diez años, entre 2003 y 2013.

El Ministerio Público, como avanzó este diario el pasado mayo, reclama además la imposición de una multa de 13.200 euros (para cada uno), las costas "por partes iguales", y una indemnización de 1.094.338 euros para el Colegio de Ingenieros por el dinero sisado: 190.933 euros ordenados a favor de terceros, 849.105 euros en disposiciones de efectivo de la caja del Coiti, 5.344 euros transferidos a cuentas bancarias personales de Casto Pino, 31.734 euros de "pagos personales facturados o imputados al Colegio" y 17.220 euros de abonos con cheques o talones "sin justificación a un proveedor inmobiliario del Colegio en una operación de compraventa negociada, formalizada y liquidada siguiendo las instrucciones del acusado".

Pino fue secretario técnico del órgano profesional entre 1991 y 2009 y luego se convirtió su gerente, encargado de la contabilidad; ella ejercía como su secretaria.

La defraudación récord anual se registró en 2006, según la fiscal, rozando los 350.000 euros

La fiscal del caso, Pilar Álvarez, detalla en su escrito de calificación que el que fuera exconcejal de Urbanismo de Aljaraque, "aprovechándose de su cargo, de la confianza del Colegio y de las sucesivas juntas de gobierno, con intención de obtener un ilícito enriquecimiento, de forma continuada –desde al menos el año 1991– ha venido apropiándose de importantes cantidades de dinero del Coiti, tanto mediante la retirada de cantidades de dinero en efectivo de la caja o por transferencias a su favor, como mediante el abono de gastos personales, propios o de las personas de su entorno próximo, o trabajos realizados por cuenta y en beneficio propio exclusivamente o correspondientes a empresas o negocios de su propiedad, sin vinculación alguna con el Colegio".

El papel de su mujer, a juicio de la Fiscalía, no es coyuntural. A.S.N. estuvo trabajando en el órgano colegiado entre 1991 y 2013, cuando "fue despedida disciplinariamente". Realizaba funciones de secretaria del gerente, su esposo, "siendo la única persona de confianza del mismo".

Esta mujer, "guiada por idéntica intención, daba órdenes de abono de gastos personales o retirada de efectivo para enriquecimiento personal al resto de las auxiliares de las que se consideraba superior jerárquica por su relación personal" con Pino, tanto por iniciativa propia como por indicación de él "para el ilícito enriquecimiento de ambos; igualmente tomaba dinero de la caja o realizaba pagos en beneficio de ambos".

En la venidera vista oral que presidirá se desmenuzarán cada uno de los movimientos de dinero que presuntamente llevaron a cabo los acusados: pagos de matrículas universitarias, cacerías, armas, bolsos de lujo, antigüedades, seguros... Todo a cargo de las arcas del Colegio de Peritos Industriales. "La masiva y sistemática apropiación de fondos del Colegio motivó que este pasara por dificultades económicas" que desembocaron en un ERE.

Con el dinero se pagaron impuestos, cacerías, armas, bolsos de lujo o antigüedades

Es destacable, a modo de ejemplo, que en 2003 se gastaran presuntamente más de 2.000 euros en la compra de antigüedades, los más de mil euros abonados a la Junta de Andalucía en concepto de multa de la finca alosnera de Valcaballos de 2004 o los más de 3.000 euros destinados a pagos del IBI de las distintas propiedades de la pareja de 2005.

El pufo récord anual se registró en 2006, según la fiscal, rozando los 350.000 euros. En 2007 se subrayan, a modo de ejemplo, los 1.500 euros para contratar un detective privado o los 6.165 euros para la adquisición de armas; en 2008, 4.402 euros para la fabricación y montaje de 15 contraventanas "que ni se fabricaron ni se montaron en ninguna parte"; en 2009, 16.800 euros de la pareja en concepto de viajes, comidas y desplazamientos; en 2010, 1.761 euros que sufragaron el ágape ofrecido a un grupo de cazadores del coto de Alosno.

El matrimonio llegó a adquirir en 2012 un Audi Q5 valorado en 24.400 euros. Pagó el Colegio, según la fiscal. Pino presentó su dimisión del Coiti en abril de 2013. En julio echaron a su mujer. Coincide que en ese ejercicio la retirada de efectivo y los gastos de viajes y dietas son casi testimoniales: 4.319 euros.