IU estudia acciones judiciales contra la Alcaldía de Punta Umbría por el caso de “transfuguismo” con un concejal del PP
Política
La formación de izquierdas sostiene que podría vulnerarse la Ley de Bases de Régimen Local
El Partido Popular exige el acta al concejal que se marchó para darle la mayoría absoluta a Hernández Cansino en el Ayuntamiento de Punta Umbría
Izquierda Unida va a poner en manos de sus servicios jurídicos el caso de transfuguismo de la localidad que permite que hoy en día, José Carlos Hernández Cansino (UPU) haya obtenido la mayoría absoluta mediante un caso de transfuguismo procedente del Partido Popular. La formación denuncia que se debe revisar del Decreto de nombramiento del tránsfuga José Luis Contreras como Teniente de Alcalde y miembro de la Junta de Gobierno Local.
El responsable de Política Institucional de Izquierda Unida en Huelva, David F. Calderón, ha señalado que esta delegación de las competencias de Contreras como cuarto teniente de alcalde y con las áreas de Economía, Presidencia y coordinación de Concejalías de Barrio, con un sueldo de 31.000 euros anuales, en su condición de concejal tránsfuga, “pasó a ostentar de manera inmediata un incremento de sus derechos económicos y políticos, adquiriendo derechos superiores a los que les hubiesen correspondido de permanecer en el grupo de procedencia (PP), vulnerándose, por tanto, el artículo 73.3 de la Ley de Bases del Régimen Local, que establece literalmente que “los derechos económicos y políticos de los miembros no adscritos no podrán ser superiores a los que les hubiesen correspondido de permanecer en el grupo de procedencia”.
Calderón ha explicadoque el Tribunal Supremo ya fijó doctrina del artículo 73.3 de la LRBRL en la Sentencia STS 1401/2020, de 26 de octubre de 2020, determinando que: “el pase a la condición de concejal no adscrito, como consecuencia o por razón de un supuesto de transfuguismo, sí impide que se asuman cargos o que se perciban retribuciones que antes no se ejercían o no se percibían y que tampoco impliquen mejoras personales, políticas o económicas”.
"Si se confirmaran estos hechos, los puntos por los que se delegan las competencias del nuevo miembro del equipo de gobierno y la asignación de retribuciones de 31.000 euros podrían ser analizados como constitutivos de un posible delito de prevaricación por parte de la autoridad judicial."
Calderón ha señalado que “casos como el del Gobierno de Punta Umbría, que acceden al poder por la puerta trasera del transfuguismo, hieren profundamente nuestra democracia en su ámbito más sensible, humano y cercano a la ciudadanía: el municipal” y exige a la Alcaldía de Punta Umbría que “cese inmediatamente de todos sus cargos al concejal tránsfuga y pida disculpas públicamente”.
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