En Huelva hay 127 pisos okupados a la venta que nadie quiere comprar

En la provincia de Huelva hay actualmente 127 pisos a la venta con precios muy por debajo del mercado. Y nadie los quiere. La razón es clara: están okupados. Esto genera el desinterés en los compradores y la desesperación en los vendedores.

Las cifras reflejan que los pisos okupados ya suponen más del 3% de las viviendas anunciadas en la provincia de Huelva en el portal web Idealista. La proliferación es tal que la propia empresa ha creado incluso una sección propia, un gesto que reconoce de forma implícita que la okupación se ha convertido en una variable más dentro del mercado de compraventa.

La etiqueta comercial de “magnífica ocasión para inversores” oculta una realidad: Muchas inmobiliarias, sobre todo de fuera de la provincia, que adquieren estos inmuebles sabiendo que no pueden enseñarlo, venden estas viviendas a precios irresistibles. En realidad lo que ofrecen es un producto marcado por la incertidumbre: un piso más barato, sí, pero con una situación legal bloqueada y un horizonte incierto que puede alargarse años.

El ejemplo en el barrio onubense de Fuentepiña resulta ilustrativo. Allí se anuncia una vivienda de 121 metros cuadrados por 139.000 euros. Muy cerca, otro inmueble de 150 metros cuadrados, libre de okupas, se vende por 180.000 euros. El primero lleva más de un mes sin apenas visitas; el segundo, libre de problemas legales, ha recibido decenas de llamadas y ya se encuentra en trámites de venta. La diferencia no está en la ubicación ni en la calidad del inmueble: la clave está en la inseguridad que genera la compra de una vivienda okupada.

En este escenario, los únicos compradores potenciales son perfiles con un enfoque especulativo. Adquirir un piso muy por debajo de su valor real y esperar a que se resuelva un procedimiento judicial puede resultar rentable. Pero, ¿qué ocurre mientras tanto? El propietario original sigue atado a un proceso lento y costoso mientras el mercado se ve distorsionado con precios artificialmente reducidos que no responden a la realidad de la oferta y la demanda.

Otro factor preocupante es la opacidad que rodea a muchos de estos anuncios. Aunque la mayoría de las agencias subrayan en mayúsculas que se trata de pisos okupados, la falta de atención lectora o, en algunos casos, la ambigüedad deliberada de los anuncios provoca confusiones. Una inmobiliaria con sede en Barcelona reconoce haber recibido más de cien llamadas por un mismo piso okupado, pese a que la advertencia estaba claramente destacada.

La concentración de estas viviendas se sitúan especialmente en dos municipios, que concentran más de un tercio del total de pisos okupados en venta: Lepe y Huelva. 21 pisos ocupados hay ahora en el municipio lepero mientras que en la capital de la provincia hay 25. Sin embargo, el municipio de Lepe, apenas cuenta con 30.000 habitantes mientras que la capital multiplica por cinco su población.

La costa onubense se confirma como la zona más afectada: ocho casos de pisos okupados hay en Isla Cristina, siete en Ayamonte y cuatro en Punta Umbría. El Condado tampoco escapa, con ocho en La Palma del Condado y tres en Villalba del Alcor. La Sierra de Huelva, en cambio, aparece menos impactada, un dato que responde más a la escasa concentración de vivienda disponible que a la inexistencia del problema.

Lo llamativo es que este mapa coincide con las zonas donde la presión inmobiliaria es mayor: la costa y la capital, los lugares con más movimiento económico y turístico. El contraste deja entrever una conclusión incómoda: la okupación no se concentra en áreas marginales, sino allí donde la vivienda tiene un valor estratégico.

El problema de los pisos okupados contrasta con el dinamismo general del mercado. Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), en el primer semestre del año se registraron más de 350.000 operaciones de compraventa de viviendas en España, la cifra más alta desde 2007, en pleno boom del ladrillo.

El fenómeno de los pisos okupados en venta evidencia dos realidades incómodas. La primera es la impotencia de los propietarios, atrapados en procesos judiciales interminables que les impiden recuperar su vivienda o venderla en condiciones justas. La segunda es la existencia de un nicho de mercado que se beneficia precisamente de esa impotencia: inversores que compran barato a costa de la desesperación ajena, apostando a que la ley, tarde o temprano, les dará la razón.