Huelva dará suelo urbano disponible a la Junta de Andalucía para la construcción de viviendas protegidas
El Ayuntamiento se adhiere al Decreto Ley 1/2025 del Gobierno andaluz y pondrá a su disposición suelo para "más viviendas asequibles en la capital"
La moción sale adelante con los votos a favor del PP y Vox y el rechazo del PSOE, que considera el decreto "un retroceso" porque "promueve un modelo mercantilista"
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El Ayuntamiento de Huelva se adhiere al Decreto Ley 1/2025 que, aprobado a finales de febrero la Junta de Andalucía, se presume como un plan de choque en materia de vivienda en base a una fórmula económica de colaboración público-privada. Una adhesión con la que el Consistorio pondrá a disposición del Gobierno andaluz suelo urbano disponible, tanto privado como público, para la construcción de vivienda protegida.
El Pleno ordinario de abril aprobaba este viernes la referida adhesión con 15 votos a favor -13 del Grupo Municipal Popular y dos del grupo Vox- y el rechazo del PSOE a una propuesta que, a su juicio, "es un retroceso por dibujar un marco que agrava el acceso a la vivienda". Una consideración que rechazaban los populares, desde donde aseguran que este decreto "da respuesta a los jóvenes y a los colectivos vulnerables que tienen dificultades para acceder a la vivienda, así como también satisface los intereses de los constructores".
El portavoz del Grupo Popular, Felipe Arias, explicaba que "Huelva es de las primeras capitales en adherirse a este Decreto Ley 1/2025 y, de hecho, ya hemos puesto a disposición de la Junta de Andalucía una bolsa de suelo para que pueda empezar a incentivarse la compra de vivienda protegida". Asimismo, ponía de manifiesto que, "desde el Consistorio se han mantenido contactos con los promotores interesados en las futuras promociones de viviendas públicas".
Según Arias, el referido decreto establece "medidas extraordinarias urgentes para facilitar la disponibilidad de suelo para construir viviendas protegidas y asequibles, además de medidas en materia de viviendas de uso turístico para proteger el uso residencial". El Decreto Ley establece "un plazo de dos años para solicitar la licencia de viviendas protegidas desde la aprobación ahora en Pleno y de tres años para terminar las obras desde que fuera concedida". Es, en resumidas cuentas, "incentivar el cambio de uso de las parcelas para fomentar la vivienda asequible y protegida", exponía el portavoz.
La adhesión no satisface al Grupo Municipal Socialista, que votó en contra porque, según Leonor Romero, "convierte a la VPO en protagonista, promueve un modelo mercantilista que fomenta el negocio privado y olvida lo público; dado que la empresa de la Junta que construye vivienda lo único que hará será dar suelo en permuta, no va a construir vivienda pública". Un hecho que, según Romero, "convierte las viviendas protegidas en productos de lujo, eliminando su función social". Tanto, que "abre el acceso a las mismas a las personas de rentas elevadas y expulsan a las familias trabajadoras que lo necesitan".
Es por ello que, proseguía Leonor Romero, en su intervención, "no podemos avalar un decreto que nos haría cómplice del abandono de la concepción de la vivienda como un bien social, de manera que lo que significa es enriquecer a especuladores y a los negocios de la construcción". Además, apuntaba a las VPO de San Antonio, "las cuales saldrán por un precio de 184.000 euros -70 metros cuadrados, garaje y trastero-; y si nos fijamos en las de segunda mano en la misma zona y de las mismas características, cuestan 126.000. La Junta de Andalucía ha convertido a las VPO en un negocio, el de las constructoras".
El voto en contra socialista no sorprendió a Felipe Arias, quien señaló que "siempre votan en contra de todo lo que le viene bien a los ciudadanos", así como que "se olvidan de que, con su ley intervencionista, es imposible comprar una vivienda hoy en día. Con esto ponemos respuesta a lo que no habéis sido capaces de hacer en vuestro mandado".
A lo que Romero le espetó que "en nuestro mandado se hicieron 48 viviendas protegidas en Pescadería, por lo tanto, no estamos en contra de ellas, sino de cómo las manipuláis y le restáis valor social". "Lo que proponéis no son viviendas para la clase trabajadora, es puro mercantilismo para los constructores. Nos negamos a hacer de la vivienda un negocio cuando debe ser un bien necesario y primario", finalizó.
Palabras que Felipe Arias tachó de "contradicción" porque "el ejemplo que ponéis de Pescadería lo hizo AVRA, con Juanma Moreno, y con colaboración público-privada. ¿En qué quedamos, estáis o no de acuerdo". Así, terminó su intervención insistiendo en que el PSOE "ha convertido la vivienda en un artículo de lujo".
Por su parte, Vox emitió su voto a favor porque, según dijo María López, "todas las medidas encaminadas a construir más viviendas protegidas son bienvenidas". De hecho, "agradezco que hayáis tenido en cuenta la moción que trajo Vox hace dos meses para poner en valor todo el suelo que tenía el Ayuntamiento para la edificación de vivienda protegida".
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