Las guarderías deciden a última hora abrir sus puertas a 8.000 niños

La primera jornada del curso escolar 2011/12 transcurrió ayer sin incidencias en las escuelas infantiles de la provincia de Huelva, más allá de las tradicionales llantinas de los 8.000 niños de entre cero y tres años que se desprendieron por vez primera de los brazos de sus padres para acudir a la ceremonia iniciática de su escolarización.

Pese al cerrojazo previsto por un nutrido grupo de guarderías onubense como medida de protesta ante los constantes atrasos en el pago de las mensualidades de las plazas conveniadas con la Junta de Andalucía, finalmente los empresarios decidieron in extremis abrir sus puertas al público.

Se constata así el éxito de la reciente maniobra ejecutada por la Consejería de Educación, que decidió abonarles a finales de agosto la mensualidad de julio, aunque todavía no ha ingresado a los jardines de infancia concertados el montante correspondiente a los costos del mes pasado y del comedor.

El director de la escuela infantil Garabatos de la capital, Miguel Ángel Jiménez, aseguró ayer a este diario que "nos planteamos cerrar, pero nos hemos relajado porque están cumpliendo lo que nos prometieron", apreciación en la que coincide con la de las fuentes consultadas en la guardería Los Dibujitos de Las Colonias, donde "si la situación de retrasos vuelve a repetirse, nos plantearemos el cierre", y con la de la directora de Los Peques, María José Gálvez, que indicó que "ya se verá".

Y es que la situación no es fácil para los pequeños empresarios que están al frente de los jardines de infancia. Emanuela Popa, directora de Mariposa Azul, tiene claro que "si otra vez hubiera atrasos en los pagos, cierro, sin duda". La propietaria de este centro infantil de Huerto Paco asegura que el impago no sólo afecta al día a día de su economía familiar, "sino que si tenemos la cuenta en rojo nos cobran intereses, pero luego la Junta de Andalucía no nos abona ese desfase y tenemos que asumirlo nosotros". Lo mismo ocurre con los impuestos, que generan "intereses de demora que tampoco sufraga" la Administración autonómica.

Desde la guardería Pequelandia de Corrales, la empresaria Irene Domínguez explicó que no estaba dispuesta a abrir su negocio ni ayer ni hoy, "pero finalmente vamos a ser más suaves de lo que Educación se merece". Recordó con pesar cómo tuvo que recurrir a sus pequeños ahorros para subsistir durante los meses en que no llegó el dinero de las plazas conveniadas, tiempo en que tampoco cobraron los trabajadores que tiene a su cargo, 15 en total, "lo que nos llevó a una situación bastante molesta". En el capítulo de los seguros sociales, manifestó que "si no los pago el día 30 de cada mes, son 500 euros de recargo, y eso no hay bolsillo que lo sostenga".

Domínguez apuntó que hasta enero no percibió las mensualidades pendientes por el Aula Matinal que abrió en septiembre del pasado año, lo que se traduce en que "estuvimos trabajando gratis durante tres meses de 7:30 a 9:00 tres compañeras y yo". Finalmente, decidió suprimir este servicio, al igual que la apertura en horario de tarde. "Lo tengo claro, no voy a jugarme más dinero si puedo evitarlo, así que si tengo que cerrar, cierro", aclaró.

El gran damnificado, claro está, es el cliente, los padres de los pequeños que no tienen adónde dejar a sus hijos durante la jornada laboral. A juicio de la propietaria de Pequelandia, el problema está en que la competencia sobre los jardines de infancia "no debería ser de la Consejería de Educación, sino de la de Igualdad y Bienestar Social, porque nuestros servicios son necesarios e imprescindibles para los onubenses trabajadores".