Huelva

El fraude de las recetas médicas de Huelva y Sevilla llega a juicio ocho años después

  • Catorce acusados, entre los que están dos médicos, dos farmacéuticos y visitadores, se enfrentan a penas de casi seis años de prisión

Recetas médicas con el ribete rojo de los pensionistas.

Recetas médicas con el ribete rojo de los pensionistas. / Efe

Ocho años han transcurrido desde que la Guardia Civil y la Inspección de Farmacia de la Consejería de Salud desmantelaran una presunta red de falsificadores de recetas médicas en Huelva y Sevilla. Ayer, por fin, comenzó la vista oral en la Audiencia Provincial de Huelva, una primera sesión en la que diez de los catorce acusados admitieron los hechos, lo que les beneficiará con una sustanciosa rebaja de la condena.

Se sientan en el banquillo dos médicos, dos farmacéuticos y diez visitadores médicos por un delito continuado de falsedad en documento público u oficial en concurso con un delito continuado de estafa, por los que la Fiscalía pide para cada uno de ellos cinco años y nueve meses de prisión y multas que oscilan entre los 3.960 y los 2.160 euros.

Fuentes judiciales precisaron a Huelva Información que quienes no han asumido su responsabilidad son tres visitadores y un farmacéutico. El resto ha consignado incluso parte de las indemnizaciones que corresponden al Servicio Andaluz de Salud (SAS), principal perjudicado en la causa.

En 2013, cuando se destapó la llamada operación Felicia, el entonces subdelegado del Gobierno, Enrique Pérez Viguera, y mandos de la Guardia Civil detallaron en rueda de prensa que los presuntos autores de los delitos defraudaron a la Junta de Andalucía unos 300.000 euros con la falsificación de 3.000 prescripciones, si bien en la calificación del Ministerio Fiscal no se precisan las cantidades.

Todos, salvo cuatro, han reconocido los hechos, por lo que obtendrán una considerable rebaja en la pena

En dicho escrito de la acusación pública, al que ha accedido en primicia este periódico, se detalla que el facultativo M. presuntamente sustrajo siete talonarios de recetas que "se encontraban guardados en un armario del consultorio" de Punta del Moral, aprovechando la baja de otra médica a la que sustituía. Por ello se le imputa, además, un delito de hurto.

La Fiscalía reseña que entre junio de 2010 y enero de 2012, "facilitó tanto sus propios talonarios" como los de la sanitaria de Punta del Moral a los visitadores. En unas ocasiones supuestamente estampaba su nombre, firma y número de facultativo, "dejando el resto de datos en blanco (medicamento prescrito y los datos del paciente), y se las fue dando de forma periódica a los visitadores junto con un listado de pacientes".

El objetivo era que estos "fueran rellenando por sí mismos los datos de las recetas y entregando estas a diversas farmacias de las provincias de Huelva y Sevilla".

Se trataba de las prescripciones con ribete rojo, destinadas a pensionistas, circunstancia que exime del pago a los beneficiarios. De esta forma, cuando los visitadores "entregaban tales recetas en las farmacias, obtenían los medicamentos gratuitamente de forma indebida, toda vez que ni ellos eran pensionistas ni se les había prescrito nunca tal medicamento conforme a la práctica habitual y a las normas de la medicina, ni eran los pacientes que constaban en tales recetas", expone el fiscal.

La calificación prosigue indicando que este acusado daba recetas y listados de pacientes "a cambio de dinero en metálico para gastos varios, de invitaciones a comidas, de tarjetas prepago de carburante y de que los laboratorios le pagaran, aunque fuera de forma parcial, la asistencia a congresos médicos" celebrados en Vigo, Zaragoza, Canarias, Oviedo, Grecia, Praga y Estocolmo.

Uno de estos comerciales farmacéuticos "se quedaba algunas para sí y otras se las daba a sus compañeros del laboratorio Faes Farma". Las que aprovechaba para uso propio las "rellenaba él mismo con su puño y letra, con los datos relativos al paciente (que obtenía de un listado que previamente le facilitaba para ello el acusado M.), los datos relativos al medicamento presuntamente prescrito (poniendo entonces el medicamento de su laboratorio que más le conviniera según los volúmenes de venta), el nombre y firma de un facultativo real (que sacaba de recetas antiguas ya usadas, imitando el garabato de la firma él mismo) y poniendo un sello de facultativo de los varios que había encargado" a una imprenta de Sevilla.

Otra de las acusadas es una farmacéutica, L., que trabajaba en una botica de Huelva. "Expendió en 14 ocasiones el medicamento Onbrez Breezhler" a un visitador del laboratorio Novartis, también encausado, con los talonarios de Punta del Moral. Seguía el mismo modus operandi, rellenándolas con las indicaciones que el comercial le leía "de unas notas manuscritas que él mismo llevaba a la farmacia".

Rueda de prensa de la Benemérita y el exsubdelegado en 2013 sobre la operación Felicia. Rueda de prensa de la Benemérita y el exsubdelegado en 2013 sobre la operación Felicia.

Rueda de prensa de la Benemérita y el exsubdelegado en 2013 sobre la operación Felicia. / H. Información (Huelva)

El segundo médico procesado, A.M.M., "les entregaba periódicamente en diversas cafeterías y en los centros de salud de Gonzalo de Bilbao y de Cerro del Águila" de Sevilla prescripciones "totalmente cumplimentadas a los visitadores médicos". A cambio, el facultativo "recibía de los cuatro visitadores médicos (de Faes Farma y Pfizer) diversas cantidades de dinero que oscilaban cada vez entre 100 y 150 euros y también el pago de estudios clínicos mediante cheque o talón".

Estas recetas eran entregadas después en diversas farmacias de las provincias de Huelva y Sevilla, "obteniendo a cambio los correspondientes medicamentos".

Otro de los acusados, V., presuntamente obtuvo de alguno de los visitadores médicos "un total de nueve recetas rojas de los talonarios" de Punta del Moral. De común acuerdo y en unidad de fin con la acusada M., farmacéutica de una botica de Coria del Río (Sevilla), "consiguió que esta le expendiera en su farmacia diversos medicamentos que en ella se contenían tras rellenar ella misma de su puño y letra a petición de V. los datos relativos al medicamento, nombre del paciente y número de la Seguridad Social".

Por todos estos hechos se ha causado un perjuicio al SAS que, a fecha de la calificación de la Fiscalía, estaba pendiente de tasación pericial, "dado que los medicamentos de las recetas señaladas han sido expendidos indebidamente sin contraprestación alguna por parte de los acusados".

La segunda sesión de la vista oral se celebrará el próximo lunes, una jornada en la que se detallarán los términos del acuerdo que conllevará las rebajas de las condenas para los diez acusados que han admitido los hechos. Las penas, previsiblemente, se quedarán por debajo de los dos años, por lo que no tendrán que pisar la prisión.

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