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Vista oral en la Audiencia

El empresario acusado de disparar a un joven en Moguer reconoce que le descerrajó dos tiros

  • Un acuerdo entre las partes le rebaja la pena de siete a tres años de prisión

  • El acusado pide perdón a la víctima y a su familia en el turno de la última palabra

El empresario moguereño, a su llegada al Palacio de Justicia de Huelva. El empresario moguereño, a su llegada al Palacio de Justicia de Huelva.

El empresario moguereño, a su llegada al Palacio de Justicia de Huelva. / Rafa Del Barrio (Huelva)

El plenario que se ha celebrado esta mañana en la Sección Primera de la Audiencia de Huelva por la tentativa de homicidio de la que venía acusado el empresario moguereño de 68 años  R.N.C. se ha saldado en apenas siete minutos gracias a un acuerdo entre las partes.

El procesado ha reconocido que después de encontrar las ruedas de su vehículo pinchadas en la mañana del 2 de agosto de 2018,"cogió su escopeta y munición de caza, se dirigió al polígono El Algarrobito en la localidad de Moguer", donde se ubica la carpintería metálica "regentada por su acreedor e hijos, y aguardó a que algún miembro de la familia apareciese", tal y como constaba en el escrito de la Fiscalía. Cuando apareció la víctima le descerrajó dos tiros que lo dejaron gravemente herido, ha asumido esta mañana.

Acatados los hechos, la acusación pública ha añadido a sus conclusiones definitivas que después de los disparos "se personó en el cuartel de la Guardia Civil, entregando la escopeta", así como que ya ha consignado más de 30.200 euros para indemnizar al perjudicado por las lesiones sufridas y más de 2.600 euros a la propietaria del vehículo por los daños que le produjeron el impacto de los perdigones.

Contemplando las atenuantes de confesión y de reparación del daño, la fiscal ha indicado que la pena a imponer para el acusado debe ser de tres años de reclusión (inicialmente solicitaba siete), de los que ya ha cumplido buena parte en prisión preventiva. R.N.C. tampoco podrá comunicarse o acercarse a menos de 250 metros de la víctima durante cuatro años.

Tanto la acusación particular como la defensa han refrendado estas modificaciones del Ministerio Público, si bien la primera entiende que, una vez que el tribunal precise en la sentencia el importe de la indemnización que debe percibir su cliente por las secuelas que le han quedado, a esa cantidad se le deben sumar los intereses legales "con un incremento del 30% al tratarse de un delito doloso". Las costas procesales, a su juicio, también deben ser asumidas por el encausado.

La defensa, ejercida por Francisco Baena Bocanegra, ha reiterado finalmente "la plena disposición de mi representado y su familia para que, una vez se conozca la responsabilidad civil, hacer los mayores esfuerzos para hacer el pago". Y todo, ha concretado, pese a que el acusado "está jubilado y enfermo" y es insolvente después de haberse arruinado.

En el turno de la última palabra, R.N.C. ha dicho con la voz temblorosa y visiblemente emocionado que "le pido perdón al herido y a su familia".

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