El fiscal decreta el archivo del procedimiento de la denuncia del sindicato Ustea sobre las ratios de veintisiete centros educativos de la provincia onubense.

En el escrito presentado por el sindicato se considera que pueden concurrir delitos contra los derechos de los trabajadores y solicita una investigación, pero, según expone el fiscal, no se aporta ninguna documentación en relación con los hechos denunciados.

En el decreto del fiscal se indica que los hechos denunciados no son en este momento constitutivos de delitos “por no aportarse mínimos indicios relevantes” de estos en el ámbito territorial de la provincia. No obstante, subraya que “es de agradecer la preocupación por el cumplimiento de la normativa sanitaria en cualesquiera actividad, mucho más en la educativa, que por ello el Ministerio Fiscal comparte como garante constitucional del interés superior de los menores en recibir dicha educación”.

En cuanto a los hechos que recoge el escrito-denuncia del sindicato, subraya que estos refieren la situación que se está produciendo en toda la comunidad autonómica como consecuencia del inicio del curso escolar, “que lógicamente puede ser un riesgo para la salud de los ciudadanos afectados (alumnos, personal docente y auxiliar, familiares...), pero que a su vez resulta imprescindible para la salvaguarda del derecho fundamental a la educación”.

Respecto a Huelva, el fiscal manifiesta que no se denuncian hechos ni situaciones concretas “mínimamente contrastadas de grave riesgo” y las mismas no han sido detectadas ni puestas de manifiesto por la administración competente (ni educativa ni sanitaria), ni Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado “con las que el contacto es muy estrecho” y ello con independencia de que ante denuncias similares o de padres de alumnos o Ampas se hayan podido aperturar los correspondientes expedientes administrativos por la Delegación Territorial de Educación.

El fiscal añade que existe además constancia en la Fiscalía, al haber informado en los procedimientos contenciosos, de las medidas adoptadas por la Delegación Territorial de Educación en los casos de “positivos” por Covid-19 en algún centro docente, siendo dichas medidas “las adecuadas para la protección de la salud”.

Se archiva, por tanto, la denuncia de Ustea y no cabe recurso contra el decreto del fiscal pero el sindicato tiene derecho a formular denuncia-querella ante el Juzgado de Instrucción competente.